Fiscal, juez, diputado, luego ministro de Hacienda, y posteriormente presidente durante dos periodos, Ayala es de hecho referenciado por los historiadores como un hombre que hizo de la honestidad en la función pública un testimonio de vida.
Un presidente que, ejerciendo el más alto poder de la República, no se aprovechó de esa condición para enriquecerse a costillas de su pueblo.
Todo ello en medio de un clima de ebullición política interna y un complicado contexto internacional, en el que el país no accedía a préstamos internacionales por su condición de moroso.
De entre las muchas frases y anécdotas que se recuerdan de su paso por la función pública, está aquella en la que corrió con una pistola en la mano a alguien quien fue a ofrecerle una coima cuando se desempeñaba como ministro de Hacienda del gobierno de Gondra.
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Y sus biógrafos destacan además que una vez que dejó el poder, podía salir a caminar libremente sin necesidad de guardaespaldas o protección policial.
La imagen de Eligio Ayala es la primera que me vino a la mente cuando nuevamente esta semana surgió uno de los tantos casos de despilfarro con dinero público.
En días en los que el gobierno presenta una reforma tributaria con la que asegura que habrá un sistema de recaudación de impuestos más justo para los contribuyentes desde el próximo año, tenemos que ver cómo en una institución en la que se pide más presupuesto para combatir a la delincuencia, son capaces de pagar 7 millones de guaraníes por escritorios cuyo precio en cualquier mueblería no alcanza el millón de guaraníes.
Y fue todavía más chocante el tener que escuchar cómo los responsables de la Unidad Operativa de Contrataciones y de la Unidad Ejecutora del programa de comisarías móviles intentaban justificarlo alegando que solo existe una obligación legal de controlar el monto global de la adjudicación del equipamiento y no revisar ítem por ítem lo que el Estado, a través de nuestros tributos, está pagando por cada mobiliario.
Pero además, en la misma conferencia de prensa casi nos dijeron que deberíamos dar las gracias por haber gastado 20 millones de guaraníes menos de los presupuestados para equipar las tres comisarías móviles.
Por poco no habría que prender una vela a los administradores del dinero público, porque en lugar de gastar 1500 millones de guaraníes, “solo gastaron” 1480 millones.
¿Es legal lo que ocurrió? Sí. Así como legales también resultan muchos otros procesos de licitaciones, subastas o concursos de precios hechos a la medida para beneficiar a alguien en particular.
En esta oportunidad se presentaron tres concursantes, y luego quedaron dos, adjudicándose finalmente la compra al que presentó el precio menor.
No digo que sea el caso, pues no me consta, pero los responsables de estos concursos no deberían descartar la posibilidad de una colusión en estas convocatorias, una vieja práctica con la que los principales oferentes del mercado se van poniendo de acuerdo en los montos que ofrecen para ir repartiéndose por turno las licitaciones sin que exista una competencia real entre ellos.
Los funcionarios responsables argumentaron en este caso que ya no pudieron hacer un nuevo llamado pese a ver que los precios eran exagerados, porque todo el proceso ya comenzó el año pasado y existía una necesidad de que ya funcionen las comisarías móviles.
Falso. Si existe una buena comunicación hacia el ciudadano, este podrá entender las razones, más aún tratándose de administrar recursos que son insuficientes.
De hecho tenemos un Estado superpoblado de funcionarios que llega al ridículo de tener que contratar abogados externos en instituciones que ya tienen asesorías y direcciones jurídicas, pero que alegan que no se puede acelerar un proceso con transparencia.
En realidad lo que falta es la voluntad política de ser celosos guardianes del dinero público, del dinero de todos.
Falta la pistola de Eligio.