La injusta justicia

SALAMANCA, España. La actitud asumida por Finlandia de darle asilo político a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, requeridos los tres por la justicia paraguaya por el caso del secuestro de María Edith Bordón, ha sido una tremenda bofetada, no para el país, sino para nuestro sistema de justicia, nuestros gobernantes y la clase política en general. En cualquier país democrático, medianamente serio, un escándalo de esta naturaleza habría provocado ya la caída del gobierno.

Para tener una idea clara y precisa de cuál es la situación que nos toca vivir, hay que tener en cuenta que en el mismo momento en que el avión que llevaba a estos tres señores tocaba tierra en el aeropuerto de Helsinki, en Asunción, se reunía la Cámara de Diputados para darle su protección a los diputados Carlos Portillo, Ulises Quintana y Tomás Rivas. De este modo, los tres fueron sustraídos de las manos de la justicia a pesar de existir pruebas claras de sus delitos: existen grabaciones de Portillo pidiendo dinero para torcer una sentencia judicial; a Quintana se le escucha discutir la liberación de 190.000 dólares incautados por la policía y que se iba a destinar para la compra de droga, y Rivas hacía figurar al servicio doméstico de su casa como funcionarios del Congreso de modo que fuera este el que pagara su salarios.

De acuerdo a noticias que se publicaron, el juzgado uruguayo que entendía el pedido de extradición hecho por el Gobierno paraguayo se amparó en “los informes de la Comisión de Refugiados (CORE) y la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) para rechazar el pedido de extradición de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán y otorgarles refugio político”.

La Comisión de Refugiados dio a conocer un comunicado en el que afirma que “Paraguay debería intensificar esfuerzos para combatir la corrupción en el Poder Judicial, erradicar injerencias y garantizar investigación propia, minuciosa e imparcial”. Hablando mal y pronto, han dicho que la justicia en el Paraguay no goza de un ápice de confianza. La jueza Blanca Riero alegó que en los documentos puestos a su consideración “se mencionaba el prejuzgamiento persistido hacia los tres ciudadanos sin condena, quienes fueron presentados como culpables e indignos de respeto”.

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En realidad no podemos sentirnos orgullosos de la cara que ofrecemos afuera de nuestras fronteras. Por si alguien no se ha enterado, el Paraguay figura en este momento como el segundo más corrupto de Sudamérica, por atrás de Venezuela. Por suerte los tres poderes del Estado están realizando el mejor esfuerzo de que son capaces para terminar con este infame segundo puesto y conquistar el primero. No tenemos por qué resignarnos con la medalla de plata cuando estamos en condiciones de llevarnos la medalla de oro.

Para cerrar el tema del episodio vivido en los tribunales uruguayos, merecen este párrafo aparte los dos abogados contratados por la Embajada de Paraguay en Montevideo, cada uno de los cuales cobró 3.000 dólares (18 millones de guaraníes) por no hacer nada. Uno de ellos declaró que no acostumbra a mirar su correo electrónico y precisamente allí había una citación judicial de capital importancia dentro del proceso. Yo reviso mi correo varias veces al día, ¡gratis!, sin que nadie me pague. Y a este señor le daba pereza hacerlo y cobrando buen dinero. No hay lugar a dudas que nuestro embajador en Montevideo acertó en tal contratación: abogados a imagen y medida de nuestro sistema judicial. Buen papelón hemos hecho.

Aprendamos que hay países donde la justicia no funciona con llamadas telefónicas, ni en la ventanilla de un banco o con una abultada libreta de cheques.

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jesus.ruiznestosa@gmail.com

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