Es definición en castellano simple establecida por el árbitro del idioma, la Real Academia Española.
Pero como al Congreso paraguayo le gusta innovar y marcar tendencias, esta semana dejó algunas muestras que sepultan el sentido común.
El jueves pasado los senadores aprobaron una ley que ni manda ni prohíbe.
Ese día le dieron media sanción a la ¿ley? de horario escalonado en la función pública, en la que dejan a cargo de cada institución implementarlo o no, con lo que la ley se parece más a una declaración de intenciones.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Un día antes los diputados se encargaron de triturar la segunda mitad de la definición en castellano, la que establece que se legisla en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados.
El miércoles la cámara baja aprobó la expropiación de 1.500 hectáreas de un establecimiento modelo en el departamento de San Pedro. Una inversión de un grupo alemán en el que tienen producción ganadera, porcina, de alimentos balanceados y varios cultivos agrícolas; tierras altamente productivas en las que trabajan unas 70 personas.
La cereza del pastel es que en la finca que aprobaron expropiar, están las casas de los empleados, una escuela, un silo y las oficinas.
Habiéndose generado la reacción de los afectados, diputados como Basilio Núñez ya anunciaron que pedirán el próximo miércoles que se anule lo que aprobaron el miércoles pasado.
Y si de anular lo aprobado se trata, allí lo tenemos al diputado Walter Harms pidiendo anular ahora la pensión graciable aprobada para Julio César Romero, “Romerito”.
No es nueva la discrecionalidad con la que se aprueban las pensiones graciables en el Congreso, pero la popularidad del nuevo beneficiario hizo que el tema tenga un gran impacto en medios y redes sociales.
Y el propio Romerito se encargó de tirarle más nafta al fuego cuando declaró que no tenía que dar explicaciones de su situación económica porque considera a la pensión graciable vitalicia como un premio por haber ganado la Copa América en 1979.
Tal es la discrecionalidad con las pensiones que no se respetan algunos criterios mínimos fijados en su momento por una ley marco para tratar de ordenar estas concesiones.
El dato del absurdo lo proporcionaba el propio director de pensiones no contributivas del Ministerio de Hacienda, Juan Ángel Álvarez, quien nos recordaba el jueves en la 730 AM que NINGUNA pensión fue concedida dentro de la ley marco, ya que como cada pensión debe aprobarse por ley, los congresistas aprovechan esa situación para modificar en ese momento la norma y establecer las condiciones que se amoldan al beneficiario de turno.
“Nunca ninguna pensión fue dentro de esa ley… nunca se aplicó… está vigente pero siempre es cercenada por otra ley”, recordó.
Así por ejemplo se convierten en relativos, los 60 años cumplidos como requisito, o el tope por el que la pensión no puede superar un salario mínimo.
Una muestra en la misma semana es que el Senado decidió elevar a 5 millones de guaraníes mensuales la pensión del humorista Carlitos Vera.
Claro que el monto global de un millón de dólares al año para los más de cuatrocientos pensionados es una gota dentro de la laguna presupuestaria del Estado.
Ese no es el tema. Es la irresponsabilidad con la que legislan.