Tras la represión policial no hubo propuesta de solución gubernamental. Sí 25 agricultores imputados por coacción grave, resistencia y perturbación a la paz pública.
Es indiscutible que los cierres de rutas son ilegales y afectan a terceros que no tienen relación directa con los pedidos de los productores o de otros sectores que deciden tomar esa medida extrema para reclamar. Sin ánimo de justificarlos y sin temor a errar, el bloqueo de la Ruta PY02 por los tomateros de Caaguazú es resultado del abandono estatal.
Un promedio de 150.000 kilos de tomate por semana son cosechados en el departamento de Caaguazú y en gran porcentaje se pierde porque el mercado está saturado del producto que ingresa de contrabando. Las mesas de diálogo conformadas desde mediados de este año por representantes de horticultores, el MAG, Ministerio Público, Policía Nacional, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y de otras entidades, terminan en estériles promesas.
Las pérdidas económicas de los productores hacen que las cuentas crediticias aumenten por los intereses generados y la situación desespera al sector. Mientras, las autoridades corruptas y funcionarios coimeros hacen la vista gorda ante el masivo ingreso de contrabando, y allí el Ministerio del Interior no está presente para reprimir lo ilegal. La coima es prácticamente una obligación para aportar a la “corona” o a los jefes de turno.
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Atendiendo este panorama, es notorio que el Gobierno central está más preocupado por proteger el negocio ilícito que ayudar a los productores a superar el problema que les agobia.