El “oparei” de Mayor Otaño

SALAMANCA, España. A pesar de que el hartazgo de la gente va aflorando aquí y allá, la prepotencia de los corruptos no afloja. Al contrario, cada vez se muestran más insolentes y amenazadores. Lo que está ocurriendo en la localidad de Mayor Otaño (Itapúa) es un ejemplo muy claro de ello. Están a la vista el hartazgo de la gente y la prepotencia con que actúan el intendente, los seccionaleros y hasta el comisario.

Vi las fotografías de un chico de 17 años, Nelson Maciel, con vendas en la cabeza a causa de las heridas que le causó el policía Rodolfo Alonso, subjefe de la comisaría del lugar, al golpearlo mientras el muchacho protestaba frente a la Municipalidad. Maciel es una de las cabezas visibles de las protestas contra el intendente Pedro Chávez (ANR, cartista) a quien acusan de corrupción. El policía dijo que nunca lo golpeó, que solo le tomó del brazo para sacarlo del lugar. No lo dudamos. Pero habría que preguntarle al oficial Alonso si le tomó del brazo antes o después de atizarle unos cuantos cachiporrazos en la cabeza. Tan alevoso fue lo sucedido, que la oficina de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia) emitió un comunicado en que denuncia este acto de violencia.

Los estudiantes calculan que en la Municipalidad que dirige Pedro Chávez se han volatilizado unos 3.000 millones de guaraníes. Y aunque esta cifra esté en veremos, no debe olvidarse que ya la Contraloría General de la República (CGR) había declarado que en dicha Municipalidad se detectaron gastos en combustibles y lubricantes por 585.368.739 de guaraníes “sin control en la utilización.” Aquí no termina el baile, ya que una auditoría del ejercicio fiscal de 2017 constató la falta de documentos que respalden construcciones por 184.688.350 de guaraníes; mantenimientos de caminos “fantasma”, pues no se sabe el lugar donde se realizaron y la utilización de royalties por 329.607.850 guaraníes sin vinculación con gastos de capital, fondos que fueron transferidos a comisiones vecinales que –¡oh sorpresa!– fueron justamente administrados por la Comuna.

Falta la guinda del helado: un seccionalero colorado del lugar, Leonardo Sánchez, le había amenazado a la madre del joven Nelson Maciel diciéndole que obligara a su hijo a abandonar las protestas, pues de lo contrario ella podía perder su puesto (era limpiadora del Centro de Salud) y él, la vida. El muchacho denunció la amenaza a la prensa, y Sánchez lo demandó por difamación y calumnia. La madre de Nelson, Andrea Maciel, acaba de perder su puesto en el que también ella protestaba pues hacía tres meses no le pagaban su sueldo (800.000 guaraníes). ¿En qué quedamos, seccionalero Leonardo Sánchez: lo que usted dijo fue una amenaza, una calumnia o una profecía? Para esto sirven las famosas seccionales coloradas.

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Parece que la Contraloría General tiene interés en auditar la administración de la Municipalidad de Mayor Otaño. Sería no solo oportuno, sino imprescindible. Pero a esta altura de mi vida y de mi profesión, tengo motivos suficientes para mostrarme pesimista en cuanto a la administración de la justicia en nuestro país, largamente bastardeada por intereses espurios de un grupo de políticos. Temo pues que allí vayan los técnicos de la Contraloría, no encuentren ninguna irregularidad, el intendente sea felicitado por la trasparencia de su administración, el policía “cachiporra fácil” sea ascendido, Nelson Maciel condenado por los tribunales y su madre Andrea, despeñada a la más dolorosa miseria.

jesus.ruiznestosa@gmail.com

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