En el año 1962 don Críspulo Ramón Garcete, junto a su familia, se instaló en el lugar y en medio de la nada, en pleno monte del Chaco, se dedicaron a trabajar en la cría de ganado vacuno en pequeña escala. Con el correr de los años tuvieron otros 10 hijos que al crecer se sumaban a las tareas en la finca que tiene una superficie de 45.000 hectáreas.

Sin embargo, la pareja explotó el rubro ganadero en unas 12.000 hectáreas de Korochire, denominación en homenaje al ave popular de los bosques nativos de nuestro país.

Más de medio siglo después, en el año 2011 apareció un grupo de personas ligadas a diferentes empresas que se presentaron como dueñas de las 45.000 hectáreas de tierra. Es entonces cuando comienza el calvario y un sinnúmero de injusticias a las que son sometidos, atendiendo el poderío económico y político de quienes reclamaban el inmueble.

La familia Garcete denunció que detrás de todo estaba el entonces poderoso senador luqueño Óscar González Daher (colorado cartista), atendiendo que la escribana que elaboró el título de propiedad apócrifo a favor de los intrusos es la esposa del exlegislador, Nélida Chaves. En tanto, su hermana, la abogada Beatriz Chaves, integraba el grupo de abogados que representaba a las empresas Agro Inversora Occidental, La Candelaria SA y Agroganadera Occidental SA (Agroosa), cuyas caras visibles hasta ahora son Jorge Duarte y Marcelo Rojas Decoud.

El exsenador Óscar González Daher se encuentra imputado junto con su hijo, el concejal municipal de Luque, Rubén González Chaves, por enriquecimiento ilícito, declaración jurada falsa y lavado de dinero.

Don Críspulo Ramón Garcete murió sin saber que unos años más tarde su familia sería expulsada de las tierras que trabajaron durante varios años. En el año 2016, Alicia Garcete, una de las hijas de Críspulo Ramón, es detenida junto a su esposo y uno de sus hijos por policías en cumplimiento de una orden firmada por el fiscal Celso Morales. Fueron obligados a abandonar el lugar sin poder llevar nada de sus pertenecías, entre ellas más de 2.000 cabezas de ganado vacuno con marcas y registrados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

La justicia favoreció en primera instancia a la familia Garcete, pero en segunda y tercera instancias, por voluntad del exparlamentario, inclinó la vara a favor de los brasileños. Por la negativa de aceptar esta injusticia doña Alicia Garcete, su esposo y su hijo fueron acusados de invasión y llevados como criminales a la cárcel de Concepción por orden del fiscal Celso Morales. Luego el juez de Concepción, Óscar Fabián Gómez, les aplicó medidas alternativas a la prisión y prohibió a la familia acercarse a sus tierras. Atrás dejaban 50 años de lucha, vacunos y otros bienes.

El largo y doloroso proceso judicial salpicó al entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia Óscar Bajac.

Tras años de injusticias, el fiscal Eduardo Cazenave realizó una investigación seria del caso y hace una semana el juez de Mariscal Estigarribia (Dpto. de Boquerón), Aníbal Ortiz, ordenó la reposición de las tierras a los Garcete, pero nada se sabe del ganado vacuno. Además, toda la casa del casco central fue destruida.

En el mismo mandamiento se intima a los representantes de las tres empresas a abandonar en el acto el mencionado inmueble.

En medio de rabia, dolor e impotencia, y un cáncer de mama que padece doña Alicia Garcete, se instalaron de nuevo en el inmueble, aunque con el temor de que algún juez ordene que nuevamente desalojen su propiedad: Korochire, donde vivieron 57 años. No confían, atendiendo la mafia que impera en el Poder Judicial de nuestro país y el poder de González Daher sobre jueces y fiscales.

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