El castigo del Estado a la mala gestión del gobierno comunal saltoguaireño pone en jaque las obras financiadas con los fondos provenientes del Ministerio de Hacienda, especialmente la playa con costanera.
Esta situación propicia la aparición del gastado y vergonzoso discurso: “Esto es una persecución política”.
Los referentes del oficialismo municipal quieren presentarse ahora como víctimas de un complot montado en los mandos medios de la Contraloría General de la República, supuestamente manipulados por políticos de la zona con ayuda del Gobierno Central.
Incluso algunos concejales se rasgan las vestiduras y con un lenguaje que raya en la insania y una caradurez que raya en lo planetario, tratan de impresionar sobre la “persecución” de la que son víctimas. Se olvidan de que empresarios también los denunciaron por exigir porcentajes por adjudicaciones de obras.
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Indudablemente, los organismos de control del Estado lejos están de ser la panacea de la transparencia. Sin embargo, tampoco lo son quienes administran los recursos públicos y con eso ellos mismos abonan el terreno para que las malas intenciones –si existiesen– ganen terreno.
Pero ni rodeo ni teatritos. No sirven de nada. Lo que deben hacer las autoridades públicas, tras ser calificadas de ineptas y dudosas por los dictámenes de la Contraloría, es asumir su responsabilidad. En vez de tratar de justificarse deben trabajar en serio y con inteligencia para revertir la situación, si es que es factible.
Si llega a concretarse la pérdida de los fondos municipales, la única víctima será el pueblo saltoguaireño y los únicos responsables las autoridades comunales, que por acción u omisión permiten este lamentable escenario.
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