Pero la política, o más bien los políticos, tienen sus creativas formas de jugar sus propios ludos, hacer sus propias tablas, alterar las caras de los dados y dejar sin posibilidad de juego a cualquier contendiente con un aditamento que folclóricamente se ha dado en llamar chicanería judicial. Según la Real Academia de la Lengua Política Paraguaya: “el arte y la ciencia de enrevesar cualquier tipo de ley de manera a favorecer a los poderosos y doblegar a los justos”. Desde el mes de abril del año pasado, cual Quijote contra molinos, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, trata de que su propuesta de “Ley Antichicanas” llegue a buen puerto. Como hecho anecdótico, la paradoja es que Carlos León, cuñado del ministro, casi extingue su causa por tráfico de armas usando como artilugio la chicanería. Tal vez por eso, o tal vez no, el proyecto tiene como objetivo evitar la cadena de recusaciones que se dan en todo tipo de juicios, pero en especial los que tienen como foco de investigación a los políticos. Como ejemplo actual está el caso del diputado Miguel Cuevas, quien junto a sus abogados parecen haberse doctorado en chicanerías dilatando proceso y buscando la extinción de la causa. Cuevas está imputado por los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. En cada instancia ha presentado incidentes que lograron destrabarse, pero casi por generación espontánea, surgieron otros incidentes y así sucesivamente...
Ante casos como este es que Martínez Simón ha planteado su proyecto que olímpicamente duerme en el “freezer de los justos” por obra y gracia de la Cámara de Diputados, cual blindaje corporativo. En una segunda arremetida, el más nuevo ministro de la Corte, pide al gremio de abogados involucrarse en este proyecto y rehacer el texto para que la propuesta surja desde los profesionales del derecho. Esta medida es urgente debido a que se debe establecer una única hoja de ruta para los procedimientos. Solo de esa manera se podrá erradicar de una vez por todas la dilación innecesaria, principal traba para que tan siquiera se inicien los juicios.