Originalmente, el proyecto pertinente había sido presentado por la diputada opositora Rocío Vallejos; el objetivo principal de la norma propuesta es echar luz y control sobre el origen del dinero que financia las campañas proselitistas de quienes se postulen a los altos cargos en la administración pública nacional y departamental.

¿Por qué hace falta una ley con dicho objetivo? Por la sencilla razón de que hasta el presente, varias autoridades del Poder Ejecutivo, senadores y diputados, así como gobernadores e intendentes municipales han sido denunciados y se han probado vínculos de sus candidaturas con grupos mafiosos de poderosos contrabandistas y narcotraficantes.

A los fondos provenientes de estas organizaciones delictivas se los denomina “dinero sucio”. Esta fuente financiera ilícita ha hecho posible la llegada a sectores del poder político a figuras simplemente impresentables, cuestionadas en sus propias regiones, con varias denuncias de actividades ilegales y enriquecimiento ilícito. Hasta ahora, solo algunos de estos siniestros personajes han sido acusados ante la justicia, sometidos a procesos y desvinculados de sus cargos públicos.

El dinero sucio atenta contra la propia Constitución Nacional porque no respeta la igualdad de derechos ante la ley. Una persona común, con deseos de ingresar a la actividad política para poner su capacidad y su trabajo al servicio de la nación, no puede competir en igualdad de condiciones, con candidatos que son financiados por los grupos mafiosos que “invierten” en sus tembiguái decenas de millones de guaraníes.

El caso más claro e irrefutable fue el de la entonces diputada Cynthia Tarragó que un día, de repente, surgió de la nada, hizo una masiva y costosa campaña proselitista y fue electa parlamentaria. El año pasado dio un paso más y lanzó su candidatura a intendente de Asunción, pero fue detenida por agentes encubiertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) acusada de lavado de dinero. Incluso se ofreció a traficar estupefacientes.

La actitud adoptada por la mayoría de los senadores es digna de aplauso y reconocimiento porque para el presente y el futuro de nuestra nación es muy importante que este proyecto de ley se apruebe manteniendo el espíritu y el objetivo principal de su presentación inicial. Las modificaciones introducidas por Diputados destrozaron el texto original hasta el punto de que los proyectistas afirman que así no vale la pena aprobar nada.

Como la versión aprobada en el Senado vuelve ahora a Diputados, esperemos que los miembros de la Cámara Baja se den cuenta de que cometieron un error al hacer las modificaciones anteriores y que se allanen a la propuesta de sus pares de la Cámara Alta. No al dinero sucio es lo que corresponde.

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