Los ladrones, defraudadores y estafadores de la administración pública a lo único que temen realmente es a la publicidad de sus fechorías.
Esto está directamente relacionado con una verdad de perogrullo: las instituciones públicas no funcionan, especialmente las que deben ejercer un control y sanción a quienes se aprovechan de sus cargos para obtener beneficios que siempre van en perjuicio de la mayoría de las personas que, por convicción o por obligación, contribuyen al fisco.
Un caso reciente que salió a la luz pública sobre el robo descarado a las arcas públicas es el que dio a conocer el director de la Entidad Binacional Yacyretá Nicanor Duarte Frutos, con la suspensión de 10 funcionarios que cobraban millonarios salarios sin trabajar porque estaban de reposo casi permanente.
Lo sorprendente en este caso, además del robo desembozado, es todo el tiempo que estuvieron impunes, sin que ningún organismo de la entidad detectara lo que hacían.
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Lo lamentable es que estas personas no solamente no devolverán ni un céntimo de lo robado sino que además serán indemnizadas pese a haber sido echadas con toda justicia.
Lo evidente es que el caso de Yacyretá es la punta del iceberg. Duarte Frutos dijo que en la mira hay otros 80 funcionarios. Esto sucede en Itaipú y en casi en todas las instituciones del Estado, municipalidades y gobernaciones.
Los motivos por los cuales Duarte Frutos decidió revelar la situación en la entidad binacional difícilmente sean solamente los altruistas que él mencionó. Intentar dar la imagen de funcionario preocupado por el malgasto público es lo más burdo de pensar. Es posible también que el seccionalero Raulito Sánchez y los otros que figuran en la lista de despedidos de la hidroeléctrica sean desechables en este momento.
La presión que ejercen medios de comunicación y la opinión pública a través de mensajes, redes sociales, escraches y manifestaciones continúan siendo un paliativo y no deberían ser la única manera en que los organismos de justicia se vean obligados a aplicar la ley de manera equilibrada.
Hubo y hay aún muchos casos en que ni siquiera la exposición pública de personajes que cometen groseros hechos de corrupción ha sido suficientes y han resultado impunes, pese a ser evidente y reconocida su responsabilidad.
Un ejemplo es el del diputado colorado Carlos Núñez Salinas, imputado por contrabando y producción de documentos no auténticos. Pese a que el hecho fue probado y admitido por el mismo acusado, un tecnicismo judicial hizo que terminara absuelto.
En los casos que afectan a políticos, sus abogados recurren a incidentes, cuestiones de procedimientos y de plazos, cualquier cosa que evite llegar a un juicio oral y público para discutir si el delito del que se lo acusa fue o no cometido.
En la mayoría de estos hechos que involucran a funcionarios públicos y llegan a estrados judiciales, la duda no se refiere a si cometieron los actos de corrupción sino a ver si la Justicia es capaz de sortear los obstáculos que presentan los abogados, generalmente muy hábiles y muy caros.
La condena popular, que a veces significa el ostracismo político para el afectado, es buena, pero no puede seguir siendo la única manera de que haya justicia para personas con poder político.
Si no se dan castigos ejemplares, si los líderes políticos no se despegan y condenan a estos personajes y si la gente advierte cada vez más que la única salida es salir a las calles, puede ocurrir lo que ocurre en Chile, o en Ciudad Gótica, como prefiere imaginar el senador Blas Llano.
mcaceres@abc.com.py