Con la “cuarentena inteligente” iniciada el 4 de mayo al menos 58% de la economía empezó a moverse a medias en gran parte del país.
Pero, el comercio fronterizo de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá, y el de Encarnación, en el sur, no tuvo la misma suerte. No porque el gobierno haya implementado mayores restricciones en estas ciudades, sino porque en estos territorios al menos el 90% de las actividades sigue sin moverse debido a que la mayor parte depende del ingreso de turistas y nuestras fronteras siguen cerradas.
Es por eso que más que nunca la frontera -que aporta aproximadamente 40% de los recursos que dispone el Estado a parte de los miles de puestos de trabajo-necesita imperiosamente de un programa especial de asistencia. Lastimosamente ocurre todo lo contrario. Los menos llevados en cuenta a la hora de un salvataje son los comerciantes de frontera. En tiempos “normales” los fronterizos tienen que agenciarse para financiar sus actividades porque el Estado solo se acuerda de ellos cuando se trata de recaudar (léase: recaudar de manera legal e ilegal).
Ahora los dueños de Mypimes forman fila frente al Banco Nacional de Fomento (BNF) buscando auxilio para tratar de mantenerse vivos, pero en su mayoría rebota como pelota de ping pong porque el mentado Fondo de Garantías del Paraguay para mypimes (Fogapy) es puro cuento.
La gente se organiza y a gritos pide que el Estado vea que uno de los sectores más dinamizadores de la economía nacional, la frontera, está a punto de sucumbir. Ojalá actúen a tiempo porque las consecuencias de la muerte del comercio fronterizo serán mucho más nefastas, incluso que los efectos del covid-19.