Autonomía universitaria como libertad intelectual

En sociedades democráticas donde no hay peligro de intrusión de fuerzas militares o políticas en asuntos de la universidad, la nueva concepción de la autonomía universitaria es equivalente a la libertad académica o libertad intelectual. Se reemplaza de esta manera la autonomía geográfica territorial o administrativa, importante previa visión escolástica de la autonomía. La libertad académica significa libertad para seleccionar a los alumnos que ingresan a la universidad, libertad para elegir los métodos de admisión y promoción de los profesores, para elegir los temas y métodos de enseñanza, y especialmente para elegir libremente los temas y métodos de investigación.

Mientras nuestra universidad se escuda en la autonomía para no ser investigada en sus áreas administrativas y académicas, se va volviendo obsoleta al progreso de los conocimientos y las ciencias y se disocia del mundo y de su responsabilidad social. La crítica externa no es posible, pero su propia estructura reglamentaria cercena frecuentemente las libertades de sus docentes. No tienen derecho a defender una supuesta autonomía quienes frecuentemente violan la libertad intelectual. Existen numerosos ejemplos de coartación de derechos y libertades de docentes cometidos por la propia reglamentación y autoridades de la UNA que la convierten en un sistema cerrado, autoritario, excesivamente burocrático y antidemocrático muy parecido al de la Universidad de Córdoba antes de la Reforma libertaria de 1918.

Los sistemas de selección y los concursos de docentes no son libres al no elegir a los mejores en los cargos. No hay libertad cuando todos los docentes no pueden presentarse a competir sino quienes hayan cumplido con una antigüedad o escalafón previos. El Consejo Superior Universitario frecuentemente se entromete en cuestiones académicas o administrativas de las cátedras pero no permite crítica externa a su visión académica ni a su manejo de los fondos. Los reglamentos inflexibles favorecen la endogamia y la mediocridad y dificultan la admisión de jóvenes graduados en el extranjero que son cruciales para el avance de las ciencias, el establecimiento de líneas originales de investigación y para la formación de futuros científicos.

Las pocas veces que se otorgan subsidios para la investigación, los fondos se dan no por el valor u originalidad de la idea o su proyección a largo alcance, sino por la muy anticientífica y populachera supuesta relevancia social. ¿Quién posee la bola de cristal y ya sabe de antemano si el descubrimientos científico tendrá o no impacto social? Negando la universalidad de la ciencia, para conseguir magros fondos el sacrificado científico local debe trivializar su investigación estudiando temas reducidos a la ecología local como medir la presión arterial o el peso y diámetro abdominal de poblaciones vulnerables, indagar sobre el valor científico medicinal del pohã ñana o estudiar patologías ya extintas en el mundo global. De esa manera, se dificulta la universalización de sus descubrimientos y el científico permanece en la oscuridad de la intrascendencia.

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Estos hechos son graves y representan una violación interna de las libertades académicas y son, por tanto, violatorias de la autonomía de la universidad y de sus docentes. La imposición compulsiva a jóvenes potenciales académicos para iniciarse en los innecesarios y mediocres cursos de didáctica dictados por maestros que nunca han investigado o imponer cursos de metodología de investigación dictados por docentes que no investigan ni son filósofos, son violatorios de la libertad académica. No conozco científico de altura que se preocupe por los cursos de metodología. Como dice Popper, el gran estudioso de los métodos de la ciencia, no existen métodos recomendables ni generalizables, cada científico original construye sus propios métodos. No se practica ciencia con recetas de cocina.

Por lo antedicho y más aún ahora que sabemos que a la mediocridad se le agrega una gran corrupción rebelada por la rebelión estudiantil es que es perentoria una auditoría académica de nivel, sobre todo para asegurar que exista una actualización de los cambiantes conceptos en las disciplinas y en las técnicas de enseñanza e investigación y, sobre todo, para garantizar la defensa y el cumplimiento de las libertades académicas, que son sagradas en la universidad. Las auditorías administrativas permanentes por supuesto también son fundamentales para garantizar la transparencia económica en el manejo de los fondos públicos y rendir así cuentas a la sociedad que sostiene con sus impuestos a la universidad.

* Instituto de Patología e Investigación Premio Nacional de Ciencias (2002)

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