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Con el proyecto de ley que pretende prohibir la venta de “derecheras” vamos a definir qué tipo de Estado estamos desarrollando; el totalitario que dicta al ciudadano la manera como debe desarrollarse para lograr su bienestar; o el que protege, promueve y ayuda el desarrollo individual y precautela la igualdad entre las personas. Queremos encaminar el Paraguay hacia una democracia autoritaria o hacia una democracia republicana.
Este proyecto de ley no tiene solamente problemas legales sino que atenta contra la filosofía del ser individuo, persona. La discusión no debe bajarse a lo legal, que es una consecuencia de nuestra visión filosófica del ciudadano. Pues si solamente nos remitimos a lo legal, Hitler llegó al poder en forma legal y qué pasó…
¿El Estado tiene el deber de ayudar a lograr el bienestar rural? SÍ, pero no puede obligar y menos decidir por la idea de bienestar al que debe acceder el ciudadano que se dedica a la agricultura o ganadería.
No se puede prohibir la compra y venta de tierras de propiedad privada con el antecedente de que esas tierras pertenecían al Estado. En algún tiempo todas las tierras fueron del Estado. Una vez transferida una propiedad pertenece al adjudicado, aunque sea vendida o cedida por el propio Estado.
Con este proyecto parecería que el dedicarse a los trabajos del campo define la existencia del ciudadano que vive en el campo, bajo el estigma de campesino. Es una condena al ciudadano que no puede elegir el desarrollo de su propia personalidad, también consagrado en la Constitución Nacional.
El Estado no es un ingeniero social para definir cómo deben vivir los ciudadanos, cada uno de nosotros tiene la libertad de elegir la propia vida. El estado sí puede ayudar y acompañar nuestro desarrollo, pero no obligar a vivir de tal manera.
El proyecto de ley, al prohibir la venta de las tierras que pertenecen al adjudicado, atenta contra el derecho a la propiedad privada, pues esta es inviolable aun por parte del propio Estado.
El Estado no puede entrar a dirigir la vida del ciudadano; este constitucionalmente tiene el derecho a dedicarse a la actividad que considere correcta. Tampoco el Estado puede obligar a residir en un sitio, pues está establecida la libertad de tránsito y residencia.
Con este proyecto, el Estado sustrae lo más importante que tiene el individuo, su libertad, solo por el hecho de considerar un proyecto de vida a futuro que en el presente considera equivocado.
Si el Estado impide la venta de una propiedad que adjudica a un ciudadano en calidad de propiedad privada, y luego impide que el beneficiario pueda hacer de ella su designio, entonces esa titulación no es privada, es una concesión. Y aquí surge el grave problema del ciudadano en situación de pobreza que vive en terrenos sin la titulación de sus tierras.
Según Hernando de Soto, en su obra “El misterio del Capital”, los pobres, en todo el mundo, paradójicamente lo son porque no pueden movilizar la inmensa riqueza colectiva que poseen. ¿Y por qué no pueden movilizar esa riqueza en el circuito comercial? Porque carecen de títulos de propiedad idóneos.
Y al carecer de títulos, quedan marginados de todo: quedan marginados del crédito, porque sus inmuebles están inutilizados para ofrecerse en garantía; quedan marginados del mercado hipotecario, porque no pueden servir de respaldo a nuevas obligaciones con las que podrían financiar sus propias empresas o microempresas; quedan marginados de la movilidad social y empresarial a la que servirían, porque los inmuebles en que viven o en los que trabajan en el campo están fuera del comercio por carencia de títulos; a menudo quedan marginados también del acceso a servicios públicos. Son, en síntesis, los bienes de “manos muertas” de los tiempos modernos.
¿Y qué pasa si desean vender sus tierras y dedicarse a otra cuestión? Otea el horizonte para buscar el desarrollo de su individualidad. Si este proyecto se aprueba, una persona que vive en zonas rurales y se dedica a las actividades del campo está condenada a ser campesino, pues el Estado le impide la venta de su propiedad en la búsqueda de su propia felicidad. ¿El Estado sabe mejor que cada uno lo que nos hace felices? De esto se trata el proyecto de ley.
* Senador de la Nación
Este proyecto de ley no tiene solamente problemas legales sino que atenta contra la filosofía del ser individuo, persona. La discusión no debe bajarse a lo legal, que es una consecuencia de nuestra visión filosófica del ciudadano. Pues si solamente nos remitimos a lo legal, Hitler llegó al poder en forma legal y qué pasó…
¿El Estado tiene el deber de ayudar a lograr el bienestar rural? SÍ, pero no puede obligar y menos decidir por la idea de bienestar al que debe acceder el ciudadano que se dedica a la agricultura o ganadería.
No se puede prohibir la compra y venta de tierras de propiedad privada con el antecedente de que esas tierras pertenecían al Estado. En algún tiempo todas las tierras fueron del Estado. Una vez transferida una propiedad pertenece al adjudicado, aunque sea vendida o cedida por el propio Estado.
Con este proyecto parecería que el dedicarse a los trabajos del campo define la existencia del ciudadano que vive en el campo, bajo el estigma de campesino. Es una condena al ciudadano que no puede elegir el desarrollo de su propia personalidad, también consagrado en la Constitución Nacional.
El Estado no es un ingeniero social para definir cómo deben vivir los ciudadanos, cada uno de nosotros tiene la libertad de elegir la propia vida. El estado sí puede ayudar y acompañar nuestro desarrollo, pero no obligar a vivir de tal manera.
El proyecto de ley, al prohibir la venta de las tierras que pertenecen al adjudicado, atenta contra el derecho a la propiedad privada, pues esta es inviolable aun por parte del propio Estado.
El Estado no puede entrar a dirigir la vida del ciudadano; este constitucionalmente tiene el derecho a dedicarse a la actividad que considere correcta. Tampoco el Estado puede obligar a residir en un sitio, pues está establecida la libertad de tránsito y residencia.
Con este proyecto, el Estado sustrae lo más importante que tiene el individuo, su libertad, solo por el hecho de considerar un proyecto de vida a futuro que en el presente considera equivocado.
Si el Estado impide la venta de una propiedad que adjudica a un ciudadano en calidad de propiedad privada, y luego impide que el beneficiario pueda hacer de ella su designio, entonces esa titulación no es privada, es una concesión. Y aquí surge el grave problema del ciudadano en situación de pobreza que vive en terrenos sin la titulación de sus tierras.
Según Hernando de Soto, en su obra “El misterio del Capital”, los pobres, en todo el mundo, paradójicamente lo son porque no pueden movilizar la inmensa riqueza colectiva que poseen. ¿Y por qué no pueden movilizar esa riqueza en el circuito comercial? Porque carecen de títulos de propiedad idóneos.
Y al carecer de títulos, quedan marginados de todo: quedan marginados del crédito, porque sus inmuebles están inutilizados para ofrecerse en garantía; quedan marginados del mercado hipotecario, porque no pueden servir de respaldo a nuevas obligaciones con las que podrían financiar sus propias empresas o microempresas; quedan marginados de la movilidad social y empresarial a la que servirían, porque los inmuebles en que viven o en los que trabajan en el campo están fuera del comercio por carencia de títulos; a menudo quedan marginados también del acceso a servicios públicos. Son, en síntesis, los bienes de “manos muertas” de los tiempos modernos.
¿Y qué pasa si desean vender sus tierras y dedicarse a otra cuestión? Otea el horizonte para buscar el desarrollo de su individualidad. Si este proyecto se aprueba, una persona que vive en zonas rurales y se dedica a las actividades del campo está condenada a ser campesino, pues el Estado le impide la venta de su propiedad en la búsqueda de su propia felicidad. ¿El Estado sabe mejor que cada uno lo que nos hace felices? De esto se trata el proyecto de ley.
* Senador de la Nación