En otras palabras, estos diputados están intentando que toda persona mayor de 18 años vote o deje sencillamente de ser persona, a partir del incumplimiento del deber de sufragar, porque ¿qué es una persona incapaz de adquirir derechos y contraer obligaciones? Prácticamente nada.
Una persona así que además no sea autosuficiente, como en el caso de los pobres extremos, está condenada a desaparecer en el caso de que no concurra a votar estando en vigencia el citado proyecto de ley, puesto que se le quitará, de castigo, el sustento otorgado por el Estado a través de subsidios y pensiones.
Los subsidios estatales están destinados a proteger a personas y en la mayoría de los casos a familias vulnerables, situación en la cual se encuentra el 10 por ciento de la población, es decir 677.000 personas, según la estadística de 2016. Claro que estas familias son el caldo de cultivo preferido del prebendarismo político, a quienes a cambio del subsidio se les obliga no solo a votar sino a hacerlo por determinados signos políticos.
Estadísticamente también, son los que tienen mayor participación en todas las elecciones. La razón: dependen del Estado para sobrevivir y sus patrones son las personas que se consideran dueñas de sus votos. Entonces ¿cómo se explica que quieran perjudicar a la clientela política con esta sanción?
Sucede que la gente pobre (22,24% de la población) de la cual se nutre preferentemente los políticos ya no se fascina tan fácilmente con el rito electoral y además, cada vez es más complicado manejar al funcionariado y con más razón a una ciudadanía crítica.
Se está tratando de evitar lo que el líder de la oposición francesa Jean-Luc Melenchon denomina la “insurrección ciudadana” que va surgiendo del sentir popular sobre aquello de que las elites políticas ignoran los sufrimientos de la gente y reducen los beneficios de la democracia a cuatro paredes.
Habría que hacer algo anticipadamente para que la “ilustre clase política” paraguaya no se deje sorprender por “traiciones” y tendencias extrañas.
Se está abriendo el paraguas antes de que esa clientela, que recibe migajas frente al despilfarro y grosera ostentación de sus “benefactores”, abra los ojos y opte por renunciar al favor y se incline por la abstención electoral.
Están tratando de unir la sumisión de los funcionarios públicos lograda a través del nepotismo, del amiguismo, del correligionarismo con la docilidad del pobrerismo para que juntos sean objeto de una coacción mayor.
Antes de que llegue aquí la mala costumbre de practicar la “democracia de la calle”, es mejor anticiparse con un garrote en la mano y guachear a los “inadaptados que buscan destruir nuestra democracia”. A estos guacheadores no les importa estudios como por ejemplo el Latinobarómetro que dice que la democracia está en declive por la mala gestión de los gobernantes (de los tres poderes). Sólo miran sus intereses y privilegios.
Si bien es cierto que el proyecto está dirigido a la persona mayor de edad con derecho y obligación de votar, no pasa desapercibido el interés de controlar mejor y tratar de detener en su molde tradicional la insumisión del colectivo defraudado. El proyecto es obra de quienes adquirieron conciencia del deterioro de la autoridad y el desprestigio en que han caído con sus inconductas ilegales y antidemocráticas, pero en vez de cambiar solo se les ocurre empeorar.