El mayor problema parece ser que el término corrupción se usa de dos maneras completamente distintas. Se habla de que “una persona es corrupta” cuando es inmoral o amoral y perjudica a otros al transgredir las normas éticas básicas de relacionamiento social.
Sin embargo, no es ese el significado más exacto del término. Corrupción es, en el sentido más estricto, usar y abusar de la autoridad que confiere un cargo. Así lo entienden los diccionarios y así se utiliza en derecho. En consecuencia, alguien que no detenta autoridad no puede cometer un acto de corrupción, así sea el más inmoral y recurrente delincuente.
Es por ello que se habla de corrupción en ámbitos muy determinados: en el sector público que ejerce autoridad desde cualquiera de las dependencias de los tres poderes del Estado o, también, se habla de corrupción –El Papa Francisco lo está haciendo a menudo– en instituciones que ejercen autoridad moral o religiosa.
Es por eso que de un ladrón o de un asesino no se dice que es “un corrupto” se dice que es un delincuente y eso es todo. La diferencia es fácil de entender: Si te asalta un ladrón, está cometiendo un delito. Si el que te asaltó es también policía, además de ser un delincuente, es un corrupto, puesto que está usando y abusando de su autoridad para cometer el delito y asegurarse la impunidad.
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Es ese uso y abuso del poder, que confiere la autoridad de un cargo, para cometer delitos, y esa capacidad de garantizar la impunidad la que diferencia al corrupto del delincuente común. Quien ejerce el poder tiene además la capacidad de convertir los actos delictivos en condición indispensable para lograr algo tan simple como ejercer un derecho o llevar adelante una actividad lícita.
Un ejemplo sencillo: dos ciudadanos (con el mismo derecho) quieren tramitar, pongamos por caso, los papeles necesarios para abrir el mismo negocio. Uno de ellos está dispuesto a pagar coimas, el otro no. Ambos deberían tener el mismo resultado, pero el funcionario corrupto se encarga de que no sea así, convirtiendo la connivencia con la corrupción en “norma”.
Si deben tramitarlo ante una autoridad corrupta, el resultado será el siguiente: el que se avino a la presión de la autoridad corrupta tendrá su negocio abierto más rápido que volando, los papeles del que quiso hacerlo legalmente quedarán, por meses, por años o a veces para siempre, cajoneados mientras él trata de orientarse en un laberinto burocrático. Con frecuencia el costo del enredo burocrático es mayor que la coima solicitada para “facilitar los trámites”.
Tengo que decir que tengo experiencia propia (y muy dolorosa) al respecto. De hecho en un momento determinado tuve que suspender la exportación debido a los pedidos de coima que iban acompañados de la amenaza de que, de lo contrario, mi mercadería “nunca saldría a tiempo”.
Es por ese motivo que enfocar la lucha contra la corrupción desde el punto de vista de que es un “delito compartido entre el funcionario y el ciudadano común que se avino a la corruptela” es una mala estrategia, puesto que el funcionario corrupto cuenta con la autoridad necesaria para hacer de la corrupción una condición indispensable para el éxito de cualquier actividad.
Todo el que transgrede la ley, comete un delito; pero solamente el que lo hace amparándose en el poder es un corrupto y un promotor de la delincuencia como norma de comportamiento.