Puede que con la decisión del Consejo se haya “salvado el estado de derecho”, como quieren hacernos creer los que ganaron la pulseada política al Senado, pero eso no hace olvidar la desvergüenza, la desfachatez, el descaro, la insolencia y la procacidad de estos sujetos y quienes los respaldan, capaces de mentir descaradamente para acceder al cargo, de venderse a algunos dirigentes políticos y después negarlo para defender sus intereses personales.
El artículo 258 de la Constitución establece como requisitos para ser ministro de la Corte Suprema tener nacionalidad paraguaya natural, 35 años cumplidos, poseer título de doctor en derecho “y gozar de notoria honorabilidad”. ¿Puede considerarse honorable a alguien como Sindulfo Blanco que admite, como si tal cosa fuera nimia, que en el 2004 mintió en el Senado para que le den su cargo? ¿Y a los otros cuatro: Óscar Bajac, Raúl Torres Kirmser, Alicia Puchetta y César Garay, que no lo dicen, pero que también mintieron descaradamente?
¿Son honorables gente como Víctor Núñez, que una vez en su cargo ha sido acusado de adquirir estancias, propiedades y montado negocios que obviamente, no están a su nombre; o de incurrir en nepotismo, nombrando a hijas y parientes en puestos en la Justicia? ¿Lo es Antonio Fretes, a quien se acusa de hacer fallos a medida de quien lo puso en el cargo?
¿Puede el presidente de la Corte Suprema, que debería guardar el decoro y la seriedad que su cargo le exige, festejar el “triunfo” de haber “fastidiado” a los políticos, como si hubiese ganado un partido de fútbol, rodeado de una partida de chupamedias a sueldo, frente a la Escuela Judicial? ¿No deberían los funcionarios judiciales dedicarse a trabajar antes que ir a gritar e insultar desaforadamente a quienes no estaban de acuerdo con ellos?
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¿Alguien puede creer que el sindicato de funcionarios del Poder Judicial fue quien pagó la pantalla gigante, el equipo de sonido, los parlantes, la comida que se sirvió en vistosos platos, las cómodas sillas de plástico?
¿Acaso no está prohibido por ley cerrar una calle, impidiendo la normal circulación vehicular, como hicieron estos manifestantes VIP?
Suerte para ellos que no eran campesinos o indígenas. La Policía los hubiera sacado a patadas y cachiporrazos.
Si alguno cree que no existen motivos suficientes para que estos “honorables ministros” deban dejar inmediatamente sus cargos e inclusive ir a la cárcel, es porque es ciego, sordo, lelo o tiene algún compromiso con estos impresentables. Como evidentemente no tienen intención de reconocer su indecencia y retirarse a sus estancias, la responsabilidad de la clase política en su conjunto es dejarse de peleas estúpidas y elegir lo más pronto que se pueda para ocupar estos cargos a gente realmente honorable, idónea y honesta, que con seguridad existen en nuestro país.