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Es una larga propuesta, semejante a la que en la asamblea anterior de la OEA solamente fue firmada por seis países. Parece que ahora, tras muchas presiones sobre los mandatarios de los países, esperan tener más éxito. Entre otros países presionados para que firmen el proyecto, está Paraguay.
La problemática que plantea la propuesta de Brasil es extraordinariamente compleja. Me impresiona que de una sola vez, con solo argumentación muy genérica y nada profundizada se pretenda hacer tragar tantas cosas que afectan a tantos aspectos jurídicos, éticos, sociales, culturales y vitales para nuestra vida presente y futura como sociedad e incluso como especie humana.
La propuesta presupone muchos conceptos en presunta acepción unívoca, es decir, a los que en el texto se le pretende dar una interpretación en un solo sentido, cuando realmente esos conceptos tienen muchas acepciones. Firmar un documento con tanta carga de ambigüedades no parece ni prudente ni razonable porque, al fin, el que firma no sabe exactamente a qué compromete explícita e implícitamente a todo su país.
La propuesta es muy ambiciosa, quiere conseguir de una vez explicitar demasiadas garantías de derechos para todos. Y, en principio, parecería que eso está muy bien, pero en realidad, tal como está redactado hubiera requerido antes más reflexión en el ámbito de la Filosofía y de la Ética del derecho.
Hay que reconocer que lo que está en juego con propuestas como esta no es solo el reconocimiento explícito de los derechos humanos que incumben a las personas “lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex”, que se presentan como beneficiarios directos del proyecto, con lo cual estamos de acuerdo, sino que está en juego cómo y cuánto quedan afectadas derivadamente, por ejemplo, la libertad de opinión, la libertad de conciencia moral, la libertad de educación para todos, el sistema de valores propio de la cultura mayoritaria del país, y, sobre todo, la vida humana y su connatural instinto de reproducción y procreación de la humanidad.
Es cierto, las mayorías no pueden atropellar los derechos de las minorías, pero tampoco los derechos de las minorías pueden coartar los derechos de las mayorías. El mutuo respeto y la tolerancia recíproca son esenciales para la convivencia democrática en armonía, justicia y paz.
El caso más paradójico de enfrentamiento entre derechos humanos y vida se está dando en la pretendida justificación del aborto como derecho de la mujer. Más paradójico cuando a esta corriente se le llama progresista. Progreso, ¿en qué?
Fue el cruel dictador ruso Stalin, quien en 1920 lanzó por primera vez desde el poder de gobierno la liberación del aborto “para dar libertad a la mujer proletaria”. Terrible y dantesca ironía, que el asesino de millones de compatriotas hablara de libertad para quitar la vida inocente e indefensa de los fetos en las entrañas de las madres.
Le siguió Mao Tse Tung, en China. Otro dictador cruel y genocida que impuso con frenesí el hijo único. El aborto no solo era un derecho, trágicamente se convirtió en imposición, La mujer que tuviera otro hijo era expulsada de China a donde jamás podría volver.
Ahora, bajo el pretexto del derecho de la mujer sobre su cuerpo, algunos quieren considerar progreso volver a los años veinte y dar licencia para quitar la vida impune y arbitrariamente a los fetos humanos, que no pueden hablar ni defenderse, no pidieron venir a la vida y son inocentes. Como dice J.A. Gundin, “no convirtamos el útero de la mujer en corredor de la muerte”.
Los ciudadanos de calle les pedimos a los gobernantes de Brasil coherencia. Está muy bien que se interesen por los derechos de las minorías. No precisamente, queriendo imponer su modo, sin diálogo suficiente, sin analizar la filosofía y ética del derecho. Pero, además, pedimos que ese respeto por defender estas minorías lo extiendan a defender los derechos en el Mercosur de los países minoritarios, como su generoso vecino Paraguay.
jmontero@conexion.com.py