Primera frase:
“En mi país no se venden ni se compran votos, y es por una sencilla razón, porque resulta muy fácil cortar esa práctica”, señaló Patricio Valdés, ministro del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile.
En otras palabras, si aquí se compran y venden votos, tal como lo reveló impunemente hace unos días un diputado, es porque no existe la voluntad política de terminar con la impunidad respecto a los delitos electorales. Todas las denuncias caen en saco roto y los procesos abiertos terminan en la nada. Es cierto, con unos cuantos compradores y unos cuantos vendedores de votos en la cárcel, se puede iniciar el fin de esta historia denigrante para nuestra democracia.
Segunda frase:
“El dinero de las campañas electorales será siempre legítimo hasta que es demasiado tarde”, dijo Erasmo Pinilla, presidente del Tribunal Electoral de Panamá, refiriéndose a la necesidad de realizar un mejor control del uso del dinero en las campañas electorales, y puso el ejemplo de Colombia.
¿Cómo se entiende esto? Es sencillo, todos saben dónde se origina el grandioso volumen de dinero que se usa en las elecciones, pero como todos hacen lo mismo en pequeña, mediana o gran medida, todos callan y hacen lo imposible por legitimar lo ilegítimo y legalizar lo ilícito.
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Para cuando tratan de corregir lo torcido, ya es demasiado tarde, el dinero sucio ya tiene atrapada la voluntad de quienes tienen autoridad para aplicar la ley según los patrones democráticos, y todos están complicados.
En la década del 70, Pablo Escobar Gaviria era un narcotraficante en alza de Colombia que a principios de los ochenta comprendió la necesidad de crear una cortina para proteger su “negocio” de drogas. Se hizo hombre respetable mediante el deporte, la política y muchas obras benéficas para los pobres. Abrió 50 canchas de fútbol y un barrio llevaba su nombre.
Mediante mecanismos de intimidación, logró ser Senador de la nación, lo que le otorgó el rango necesario para ser invitado al acto de toma de posesión de Felipe González, presidente de la España democrática.
La fortuna que logró acumular se calcula entre 9 y 15 mil millones de dólares, y según la publicación de Forbes en 1989, Pablo Escobar ya estaba ubicado como el séptimo hombre más rico del mundo.
Se le atribuye la muerte de 10.000 personas; y a su principal sicario, Jhon Jairo Velázquez Vázquez, la de 5.500 personas. Implantó un terrorismo que significó el uso de 250 bombas, la muerte de 1.142 civiles y de 657 policías.
Cuando con otros colegas visitamos Medellín, que ahora es un ejemplo de ciudad para el mundo en varios aspectos, los pobladores nos explicaron cómo funcionaba la política de “dinero o plomo” y cómo sectores barriales adoraban a su benefactor, pero a partir de las 18:00 no podían salir de sus casas. Si lo hacían, era casi seguro que terminaran muertos.
Su “cortina” se comenzó a caer cuando el diario El Espectador en 1983 publicó una serie de notas sobre el verdadero perfil de Pablo Escobar. El Congreso le sacó su inmunidad parlamentaria, se iniciaron investigaciones y se comprobaron sus “inversiones” ilícitas en la política y en los equipos de fútbol.
Antes de eso, todo ese dinero era “siempre legítimo”, pero ya era demasiado tarde. No obstante, la democracia pudo ser restablecida después, mas nadie puede reponer la vida de miles de personas asesinadas, como consecuencia de no haber parado a tiempo al monstruo.
ebritez@abc.com.py