En verdad, el análisis de las finanzas públicas en el período mencionado muestra un fuerte aumento del gasto público y, dentro de este, de los gastos sociales, es decir, de aquellos gastos destinados a mejorar de manera directa la calidad de vida de la población (salud, educación, nutrición, agua potable, saneamiento, seguridad social, asistencia social, vivienda y servicios culturales). En concreto, como porcentaje del PIB, los gastos sociales pasaron en ese período de menos del 3% a más del 9%. Sin embargo, el incremento se ha producido en razón del aumento del número de funcionarios públicos y sus salarios. Los gastos de inversión han sido muy poco significativos.
Según reportes del Ministerio de Hacienda, la ejecución del gasto social en 2014 fue de 3.277 millones de dólares, el 52% del total de recursos ejecutados por el Gobierno. Eso supone que por cada 100 dólares utilizados, 52 fueron destinados al área social. Sin embargo, de acuerdo con un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Paraguay es el país con menor inversión social dentro del Mercosur, con un total de 192 dólares por habitante. Los demás países del bloque gastan un promedio de 1.500 dólares por habitante. El país que más invierte es Argentina (1.893 dólares por habitante), seguido por Uruguay (1.846 dólares por habitante) y Brasil (1.542 dólares por habitante). Según el organismo internacional, la participación del gasto social en el gasto total de Paraguay ha tenido un mínimo crecimiento en los últimos años y se mantiene muy por debajo de la media del bloque.
El diagnóstico de la situación de los servicios sociales básicos muestra que los aspectos salud, agua potable y saneamiento son los servicios que deberían tener mayor prioridad, seguidos de educación.
En el caso del agua potable y saneamiento existe un significativo déficit de infraestructura. En el caso de la salud, existe una llamativa falta de cobertura del servicio. Finalmente, la educación básica no muestra una situación desfavorable en términos de cobertura, aunque sí en términos de calidad. De acuerdo con estimaciones disponibles, es posible revertir la situación y alcanzar la cobertura universal de los servicios básicos en un plazo razonable. Para ello se necesita convertir la cuestión en auténtica política de Estado y requerir en su ejecución particular transparencia, así como una eficaz coordinación interinstitucional. A ese respecto, los analistas han advertido con insistencia que una limitación especial para asegurar los resultados de la inversión social ha sido, justamente, la debilidad institucional del Estado. También han advertido acerca del alto índice de insatisfacción ciudadana respecto de los servicios públicos en general y de los servicios sociales en particular. La percepción generalizada es que los servicios públicos son altamente ineficientes y corruptos. De más está decir que el Estado tiene la responsabilidad de actuar eficientemente en este campo, pues sus errores se pagan muy caros.
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