Guatemala es una república donde rige también la democracia. Dividida por la violencia como resultado de décadas de terrorismo y genocidio, padece igualmente de baja institucionalidad y alta corrupción estatal. Con una pobreza multidimensional del 70,3%, hoy sin embargo está orgulloso del despertar cívico de la ciudadanía, que se hartó de tanta violencia, pobreza y, sobre todo, engaño.
La movilización del pueblo con protestas pacíficas pero masivas estuvo también cimentada en un silencioso trabajo técnico en el campo de los derechos humanos, cuyos referentes lograron que mediante convenio global (1994) Guatemala se comprometiera a combatir las fuerzas ilegales y clandestinas de seguridad, en la era del terrorismo.
Como continuaron los crímenes con implicancias de los gobiernos, se formó entre NN.UU. y el gobierno de Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que entró en vigencia el 4 de setiembre de 2007 y feneció justamente el viernes pasado.
La CICIG fue independiente política, organizacional y financieramente, pero gracias a las leyes de Guatemala podía ejercer la persecución penal o adherirse a la iniciativa del Ministerio Público en caso de delitos cometidos por miembros de las estructuras criminales.
Ya a estas alturas los lectores se pueden percatar de la importancia de que nuestros legisladores se ocupen de producir leyes acordes a las nuevas tendencias internacionales, en vez de leyes como el día del pohã ro’ysã o la chipa, por ejemplo, y que el manejo de los derechos humanos en el contexto internacional de nuestras instituciones no esté en manos de cualquier buey corneta.
Entonces, ¿qué pasó en Guatemala? El pueblo fue reiteradas veces objeto de burlas en las elecciones, y en la presidencia se sucedieron cuasidelincuentes que terminaron enriqueciéndose y enriqueciendo a su entorno con dinero público. La gente se hartó y salió a la calle. La Fiscalía se empoderó con el respaldo de la CICIG y juntos lograron que la corrupción aduanera en que se vio envuelta la vicepresidenta Roxana Baldetti concluyera con su renuncia y procesamiento en mayo pasado.
Al entonces presidente Otto Pérez Molinas, también sospechado de formar parte de la defraudación conocida como “La línea”, ya le costó imponer al nuevo vicepresidente que debía ser elegido por el Parlamento de ternas enviadas por el Ejecutivo.
Luego de Baldetti le llegó la hora al Presidente de enfrentar a la justicia y, ante la evidencia, el Parlamento no tuvo más opción que retirar la inmunidad del Presidente, que quedó así a merced de la inminente condena judicial por corrupción.
Horas después de que un juez decretara la orden de captura del Presidente de la República, ya sin fueros, este renunció el jueves 3 pasado, días antes de las elecciones de hoy.
La Fiscalía y la CICIG lo acusaron de ser cabecilla de “La Línea”, por aceptar sobornos de empresarios para permitir la evasión aduanera. Para la Fiscalía, este caso deberá tener necesariamente una conclusión condenatoria, y todo parece indicar que Guatemala va camino a vestir los pantalones largos en materia de combate a la corrupción.
¿Vieron lo que hizo el Parlamento al retirarle la inmunidad (por unanimidad), lo que hizo el juez de expedir una orden de captura al Presidente, lo que hizo además la Corte de rechazar (también por unanimidad) un amparo provisional solicitado por el Presidente, y, finalmente, lo que hicieron la Fiscalía y la CICIG?
Los amables lectores podrán decirnos ahora si estamos lejos de Guatemala en la geografía o en cultura política.
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