Esta frase bien también podría usarse para describir la total falta de integridad del exsenador Dionisio Amarilla (PLRA, llanista), que fue destituido el jueves último por el Congreso.

Amarilla, cuando estaba ante la eminente pérdida de su investidura no fue capaz de asumir sus errores y delitos sino dedicó casi seis horas a tratar de culpar a otros de sus faltas. Incluso denigró y trató de manchar por todos los medios a los que lo expusieron.

Era y es de público conocimiento los indicios de corrupción, tráfico de influencias e enriquecimiento ilícito que rodea a este personaje.

Amarilla era vendedor de leche en Tebicuary. Pero en 2007, cuando ganaba unos G. 10 millones en la UNA, declaró un activo de más de G. 4.341 millones, de los cuales G. 2.000 millones eran efectivo en caja. Para 2013, cuando Amarilla dejó la UNA para convertirse en diputado nacional, su fortuna había subido a G. 5.066 millones, incluyendo valiosos inmuebles y lujosos vehículos.

El año pasado, antes de jurar como senador, Dionisio Amarilla Guirland dijo tener un activo de G. 7.143 millones, que incluye propiedades en Fernando de la Mora, Ñemby, Areguá, Asunción y San Ignacio. Incluso en 2018 compró al contado una camioneta Land Cruiser del año que le costó G. 706 millones.

Peor aún, G. 1.374 millones al año le cuestan a los contribuyentes los familiares del destituido senador liberal que ocupan cargos en entidades públicas.

La filmación de la reunión en la que su amigo Óscar Chamorro y la productora María Luz Peña intentaron “desinflar” publicaciones ofreciendo dinero al periodista Juan Carlos Lezcano permitieron confirmar todas las denuncias sobre este personaje. Los artículos denunciaban irregularidades en una licitación del IPS que favorecía a SST con un contrato de G. 140.000 millones. Es por ello que se logró su ansiada salida.

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