Todo indica que esta campaña es una reacción por frustrase la pretensión de su grupo de adueñarse del control de la calidad de las ofertas educacionales de las universidades.
Esta pretensión tiene sus antecedentes en las largas discusiones de los anteproyectos de la futura Ley de Educación Superior, donde ya este grupo trató de suprimir la autónoma Aneaes, para reemplazarla por una oficina controlada por el ministro de Educación de turno, con todos los beneficios que este control acarrearía para el grupo político dominante.
La acción se llevó a cabo promoviendo la sustitución indebida de un miembro de la Aneaes, y nombrar adictos en su reemplazo, sin respetar la autonomía legal de la institución.
Al mismo tiempo, se hizo profusa difusión pública de una supuesta usurpación de poder por parte del Consejo de la Aneaes, y se criticó duramente la actuación de esta, utilizando interpretaciones amañadas, medias verdades y estadísticas incompletas. Los miembros de la Agencia no respondieron por no bajar al nivel de ataque lanzado y por acatar el código de confidencialidad que compromete a todos los miembros de la Aneaes.
Los ataques ministeriales solo sirvieron para desprestigiar el proceso de la promoción de la calidad universitaria ante personas no informadas, ya que los conocedores podían obtener toda la información pública del proceso en la página web de la Aneaes.
Ante la persistente defensa de la autonomía por parte de la Aneaes y las múltiples adhesiones recibidas de diferentes referentes e instituciones de educación superior expresadas directamente y por los medios de comunicación, el grupo del MEC intensificó los ataques denigrantes y las acciones directas para destruir la Aneaes.
Primeramente, y con el fin de asfixiarla, recortó de un plumazo 1.000 millones del presupuesto de Aneaes.
Esta reducción destruyó el programa de acción en ejecución del 2012 e impidió aplicar el proyecto de reducir los aranceles que deben abonar las Universidades que se someten al proceso de análisis y certificación de la calidad.
Para continuar con su venganza, el ministro retiró de Aneaes la totalidad del personal técnico y cuatro funcionarios administrativos. Con ello se interrumpió el proceso de análisis y acreditación de más de 100 ofertas académicas de universidades nacionales y privadas.
Asimismo, postergó la elaboración de criterios de calidad para 17 nuevas carreras que debían ser convocadas en el 2012.
No satisfecho con el daño causado a nivel nacional, en su calidad de ministro de Educación, Ríos se dirige a las autoridades de RIACES (Mercosur) y, en tono desafiante, comunica que ha decidido anular todas las resoluciones de Aneaes del presente año y que desconoce su actuación.
El ministro ignora que, internacionalmente, todas las agencias de evaluación de la educación superior son autónomas, y que los directivos de la región conocen bien la estructura legal de la Agencia en el Paraguay. La reacción internacional no se hizo esperar. Se destacó el manejo desubicado y prepotente del ministro y se generalizó la solidaridad con Aneaes. Otro fiasco internacional que desprestigia al gobierno de Paraguay.
Igualmente, con el mismo criterio equivocado y evidente maldad, el ministro Ríos pidió al Ministerio Público la imputación penal del presidente y miembros del consejo de Aneaes por usurpación de función pública. Evidentemente, al denunciarles, el ministro no se había percatado de que bajo juramento los indicados dejaran constancia de todos los atropellos sufridos sin las restricciones que impiden la difusión pública de estos hechos. Las pruebas en este testimonio eventualmente también podrán servir para incriminarlo a él.
Finalmente, asumiendo funciones que no le corresponden y haciendo abuso del poder, arbitrariamente, ordenó el bloqueo de todos los fondos presupuestados de la Aneaes, impidiendo todos los pagos ya comprometidos, tales como alquiler del local, pago al personal y pasajes, así como los honorarios adeudados a pares evaluadores nacionales y extranjeros. Los servicios básicos como el teléfono ya fueron cortados por falta de pago.
Felizmente, la respuesta de los integrantes de la agencia y de la comunidad universitaria fue maravillosa y ellos han contribuido generosamente, prestando apoyo moral y material para que el proceso pueda continuar por lo menos en parte.
No satisfecho con estos golpes, el ministro ordena una auditoría total de Aneaes, enviando tres equipos de auditores para presionar simultáneamente a la única funcionaria administrativa que queda en la Agencia. Sin embargo, se olvidó de que, por Ley de Presupuesto, el MEC siempre ha analizado y autorizado previamente todas y cada una de las erogaciones que realiza la Aneaes.
Aparte de estos atropellos y la no respuesta del ministro a todas las solicitudes e intentos de diálogo, se pidió la inconstitucionalidad de los decretos en los que el ministro prepotentemente se escuda. En respuesta, la Corte Suprema de Justicia, tras un análisis de los hechos, en fallo unánime, ha suspendido los efectos de los citados decretos, lo que implica que la actuación del ministro y sus seguidores fue equivocada, por decir lo menos.
Con esto, la muy promocionada “pulverización” de Aneaes está a salvo por ahora. Evidentemente, la ensañada persecución ya no podrá seguir en los términos anteriores, pero esto no debe quedar así.
Hay un notable perjuicio económico y moral a la calidad de la educación universitaria. Es posible que el ministro pronto deje el lugar y que vengan nuevas autoridades, pero ¿quién reparará el gran daño hecho?
Lo cierto del caso es que es muy difícil de creer que el ministro y su pequeño grupo cómplice hicieron todo esto para mejorar la calidad de la educación... Algún día se juzgarán objetivamente todos estos hechos y se castigará a los culpables.
* Vicepresidente de Aneaes
CI Nº 103.400