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El famoso filósofo alemán Inmanuel Kant (1724-1804), por citar un pensador mundialmente reconocido, en su breve obra “La paz perpetua”, analiza la necesidad de subordinar el ejercicio del poder a límites morales.
Escribió que “la verdadera política no puede dar un paso sin haber antes rendido pleitesía a la moral”. Cuando surge algún conflicto entre política y moral, no es la política la que puede resolverlo, sino que ha de ser la moral la que zanje definitivamente cualquier problema, pues el derecho de los hombres debe mantenerse como cosa sagrada, por grandes que sean los sacrificios del poder dominante (Bonete, 2014,18).
Sería interesante hacer una encuesta entre nuestros políticos, gobernantes y personas que ejercen cargos de poder público para saber cuántos y quiénes han leído alguna vez algún libro o tratado de ética política, y cuál es la doctrina o los principios éticos que orientan su quehacer político en la realidad.
La moral política empieza por reconocer e identificar de quién es, a quién pertenece el poder político.
Todos los paraguayos tenemos la respuesta en los primeros artículos de la Constitución Nacional. El pueblo es soberano y el poder público reside en el pueblo, que lo ejerce mediante el sufragio. Con el voto, cede y otorga dicho poder a personas concretas (políticos), a quienes, además, el pueblo les paga para que con ese poder gratuitamente recibido trabajen en el servicio a la ciudadanía para el bien.
El poder está prostituido cuando, en vez de usufructuarse y ejercerse para el bien común de toda la ciudadanía, se usa y abusa para el placer de mandar y para los placeres y beneficios de quienes lo ejercen, a costa del esfuerzo y sacrificio que hace la ciudadanía con el propósito de que se desarrolle dicho bien común.
La prostitución del poder por parte de los políticos y responsables de cargos públicos corruptos es más perversa que la prostitución normal, porque estos corruptos, además de prostituir el sentido y razón de ser del poder, no pagan para que se les ceda el poder, sino que se hacen pagar, cobrándole al pueblo sueldos a veces suntuosos para sí, sus secretarias y funcionarios prebendarios.
Es como si en la prostitución sexual, además de abusar de la pareja a la que se la está prostituyendo, encima se le hiciera pagar por haber sido abusada y explotada.
Lamentablemente, la mayoría de nuestra población es tan débil, tan permisiva o ignorante, que ni se defiende, ni protesta, ni denuncia, ni hace cumplir a los políticos con su deber de servir honrada y eficazmente al bien común.
La prostitución del poder público es contagiosa y se desliza poco a poco a funcionarios que detentan cargos públicos en instituciones del Estado.
Empresas del Estado creadas para resolver problemas y contribuir con servicios públicos al desarrollo de la Nación se han convertido en muchos casos en prostíbulos donde se incuba prostitución del poder.
En vez de cumplir con sus objetivos, se prostituyen dedicando sus recursos a convertir tales instituciones y empresas en instancias de empleo para colocar a amigos, parientes, socios partidarios, operadores políticos y hasta amantes.
Ministerios, municipios, empresas administradas por el Estado han prostituido su misión y gestión, convirtiéndose en oficinas de empleo para pagar favores y contar con votos cautivos.
Si la prostitución del poder público es grave en las instituciones netamente políticas y en las administrativas del Estado, quizás más grave es cuando la prostitución se da en las universidades del Estado.
Que el dinero destinado a cátedras, investigación y extensión se destina a presuntos profesores investigadores que no producen nada y actúan como apoyos para partidos políticos y que se reparta el dinero de cátedras para presuntas secretarias personales sin título universitario, etc…, es prostituir los fines, la misión y gestión de las universidades.
Si los partidos políticos alientan o encubren tanta prostitución, también ellos son cómplices de la prostitución política y traicionan la razón de su existencia.
jmonterotirado@gmail.com