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No a la economía estatizada

Este artículo tiene 10 años de antigüedad

La antiquísima y siempre renovada discusión sobre el rol del Estado en el manejo de la economía de un país recoge nuevos argumentos a raíz de la derrota electoral del kirchnerismo en Argentina y de los chavistas en Venezuela. Tanto el gobierno de Cristina Fernández como el de Nicolás Maduro han impulsado una fuerte presencia del Estado en las actividades económicas, no solo en las estratégicas como energía y agua potable, sino también en la compraventa de divisas extranjeras y fijación de precios de centenares de productos comerciales. ¿Ambas derrotas significan el fin de la intromisión absolutista del Estado en la economía?

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Maduro situó bien el problema que ha empobrecido a Venezuela cuando alertó que los chavistas están enfrentando una “guerra económica”. Los líderes políticos pueden hablar horas de las maravillas de una ideología, inventar la “revolución bolivariana” y echar pestes contra el capitalismo burgués, que a la gente común eso no le calienta. Pero cuando la economía anda mal, el costo de vida se incrementa, hay una gran inflación y los productos básicos de la canasta familiar desaparecen de los supermercados, ¡ah!, entonces sí la ciudadanía se preocupa, el estómago hambriento exige respuestas y los discursos políticos se convierten en una burla inaceptable.

Entre nuestros vecinos del Sur, el gobierno K empezó a meter la mano en todas las áreas de la economía y convirtió a uno de los países con mayores riquezas naturales del mundo en una sociedad encerrada en sí misma, peleada con el resto del planeta, con un dólar oficial ficticio, con altas retenciones impositivas sobre los sectores productivos y millones de gente pobre que sobrevive con subsidios estatales.

El “paraíso” K no podía durar eternamente: el Estado se comía diariamente las reservas del Banco Central, la inflación estaba fuera de control, la población se dividía entre los que aplaudían a Cristina porque recibían algún tipo de beneficio económico estatal y los que la criticaban porque debían trabajar duro para pagar los impuestos; hasta los trabajadores de sectores medios debían pagar “impuesto a las ganancias”. Los pobres se mantenían pobres con un subsidio gubernamental. Eso sí: la presidenta y su entorno en el poder se autoadjudicaron fortunas incalculables.

Cuando el gobierno controla sectores económicos importantes, como la energía eléctrica, el petróleo, el gas, el agua potable, los transportes terrestres y aéreos, el seguro social, la minería, etc., hay dos riesgos difíciles de evitar: servicios mediocres deficitarios que solicitan subsidios estatales y administradores públicos corruptos que se enriquecen ilícitamente.

El rol del Estado en la economía no es un tema resuelto con eficiencia, honestidad y patriotismo ni en las naciones con democracias consolidadas. Es fácil describir en teoría cómo debería ser. Es bastante complejo y difícil que el Estado solo intervenga en la economía en las áreas y en los momentos estrictamente indispensables y que lo haga con eficiencia y sin corrupción. Si nos fijamos esto último como una meta, al menos no nos venderán buzones los corruptos disfrazados de patriotas.

ilde@abc.com.py

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