Parturiunt montes...

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El ruido mediático provocado por la reforma migratoria que el Gobierno cubano promulgó recientemente subraya sobre todo el carácter anómalo de las leyes que pesan sobre la población de la isla. Desde 1959 y por más de medio siglo, el régimen castrista se ha arrogado el derecho a decidir quién puede salir de Cuba y regresar a ella. Y lo que es aún peor, esas decisiones se basan en un conjunto aleatorio de reglas no escritas, circulares confidenciales y criterios policíacos perfectamente opacos para el ciudadano de a pie.

Nadie alcanza a saber por qué motivos se le deniega el permiso de salida, ni por cuánto tiempo, ni si será posible modificar esa negativa. No hay instancia judicial a la que recurrir ni prensa independiente que pueda criticar esos métodos. Esta es la situación que ahora pretende remediar parcialmente el gobierno de Raúl Castro, al suprimir el permiso de salida y otros trámites caros y engorrosos.

Sin duda, la nueva normativa facilitará la emigración legal de un sector de la población, aunque seguirá prohibiendo o dificultando la de muchísima gente –médicos, militares, profesores universitarios, funcionarios del gobierno, entre otros– y de cualquiera que las autoridades consideren no apto para ejercer ese “privilegio”.

Esta manera de legislar divide a los cubanos en dos categorías: los súbditos alfas, que han cursado estudios superiores y/o desempeñan funciones políticas o administrativas de cierta importancia, y los súbditos lambdas, que carecen de formación universitaria, no ocupan cargos de notoriedad y constituyen la mayoría de la población.

El Gobierno, por razones obvias, no tiene interés alguno en que los súbditos alfas abandonen el país. Son la intelligentsia, forman la columna vertebral administrativa del régimen y podrían ser más dañinos en el extranjero. Militaron en el castrismo y ya no creen o al menos, dudan. Cuando se exilian, pasan años tratando de revalidar títulos o escribir memorias.

Por el contrario, la salida de los súbditos lambdas solo presenta ventajas, sobre todo si, como la mayoría de los emigrados, terminan por instalarse en Estados Unidos. Son gente que a los tres días estará trabajando en una factoría en Hialeah o New Jersey, a los dos meses empezará a enviar remesas a los familiares/rehenes que quedaron en la isla y al año regresará de visita, con cinco maletas de pacotilla y el bolsillo rebosante de dólares. Y como la autorización de entrar y salir seguirá dependiendo del Gobierno cubano, estos siervos de la gleba posmodernos nunca criticarán al régimen ni le crearán dificultades.

En medio de una grave crisis demográfica, el gobierno castrista parece dispuesto a deshacerse de una parte importante de la población activa, siempre que logre controlarla a distancia y explotar su potencial económico. Esta fórmula malthusiana tiene cierta base histórica. En 1953 Cuba tenía la mitad de los habitantes con que cuenta ahora y era un país mucho más próspero y ameno. A quien lo dude, le sugiero que lea la descripción de la vida en la isla que figura en las páginas de “La Historia me absolverá”, un panfleto ampuloso supuestamente escrito en esas fechas por un tal Fidel Castro.

En última instancia, la motivación fundamental de la reforma migratoria y otras medidas inminentes es el temor al ejemplo de la “primavera árabe”. La sociedad cubana guarda hoy más afinidad con Túnez o Egipto que con las modalidades de socialismo real que en 1989 había en Europa Oriental.

El Gobierno cubano sabe que, en el contexto actual, unas cuantas protestas multitudinarias bastarían para obligarlo a devolver no unas migajas de derechos a una parte de la gente, sino todos los derechos a todo el pueblo. Y sabe también que los protagonistas de un movimiento así no suelen ser los miembros de la clase alfa. Son los lambdas, los súbditos de a pie que hoy son escépticos o indiferentes y solo piensan en emigrar, pero que mañana podrían echarse a la calle, movidos por la exasperación y la falta de oportunidades. [©FIRMAS PRESS]

*Escritor cubano residente en España.