Solo en pocos países como el Paraguay ocurre que un alto funcionario del Gobierno es objeto de un robo tan común para la gente que estaciona su vehículo en la calle. Pero en este caso el hecho resulta más que llamativo tratándose del VICEMINISTRO DE SEGURIDAD del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Hace algunas semanas, Javier Ibarra, quien se desempeñaba en el cargo, fue una más de las tantas víctimas que quedan registradas en las frías estadísticas de la historia delincuencial del país. En este caso el robo se dio frente a su propia vivienda sin que guardia, policía o cámara alguna haya “visto” lo ocurrido. Los ladrones abrieron el techo del vehículo, sin que sonará la alarma y se llevaron varias armas.
El hecho terminó tumbándolo del cargo en medio de llamativas declaraciones realizadas a diferentes medios. Palabras más, palabras menos, Ibarra denunció que fue víctima de una especie de conspiración por parte del secretario general de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira (el funcionario más influyente del entorno del presidente Horacio Cartes); del ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas; y de algunos referentes de la Policía Nacional, aunque en este último caso no los identificó.
Pero no solo mencionó algunos nombres, sino también describió que las armas que le fueron sustraídas de la camioneta fueron a parar a la frontera donde reinan grandes traficantes vinculados a organismos de seguridad del Estado, incluso a la Dimabel, entidad militar que tiene como función velar por el registro de las armas que serán comercializadas en el mercado.
Además, acusó al ministro de la Senad de haber montado y grabado la declaración de un narcotraficante a finales del 2014 (junto con dos parlamentarios) con el objeto de salpicarlo, dejando entrever que aquello solo sirvió para blanquear a narcopolíticos.
No se trata de un funcionario cualquiera ni de alguien que no conoce el ambiente del narcotráfico y de la delincuencia. Se trata del segundo en el ministerio más político del Gobierno, encargado de delinear las acciones relacionadas con la seguridad interna del país, mantener el orden y prevenir y perseguir los delitos y crímenes. Se trata de una persona que cuenta con una amplia experiencia como agente antidrogas, al igual que su inmediato exjefe, el ministro del Interior Francisco de Vargas.
Para algunos, el hecho no pasó de ser una disputa interna más dentro del Gobierno, como muchas otras que tomaron estado público en el pasado, por mera casualidad. Para otros se trata de un hecho que ha trascendido las meras cuestiones personales, que debería ser tenido en cuenta y que incluso debería ser investigado profundamente.
Aunque el Poder Ejecutivo intente poner “paños fríos” al tema, el hecho de que las principales autoridades del Gobierno no hayan explicado públicamente los motivos de esta salida (que fue presentada como una renuncia), deja mucha preocupación en el ambiente y genera daño.
Qué puede pensar y esperar el ciudadano común si sus propias autoridades, especialmente aquellas que están en las instituciones claves para la lucha contra los principales flagelos de la sociedad, están teniendo disputas con denuncias que son alarmantes. Genera daño porque cualquier compatriota o extranjero que quiera desarrollar alguna actividad o arriesgar su capital necesita de la mayor protección del Estado.
Es ingenuo pensar que situaciones como estas pasan desapercibidas, más aún cuando se suman a otras iguales o peores en otros ámbitos del Estado. El Presidente de la República y los ministros del Interior y de la Senad le deben una explicación a la ciudadanía. De lo contrario, muchos terminan haciéndose la misma pregunta que el inefable personaje creado por Chespirito.
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