Los primeros en rasgarse las vestiduras ante el atroz error de la Senad, que costó la vida de una criatura, fueron algunos legisladores que propusieron eliminar al organismo antinarcóticos. Ironías y paradojas de este siglo XXI cambalache pues la campaña proselitista de algunos parlamentarios fue financiada con dinero del tráfico de drogas y se conoce perfectamente la cercanía y colaboración de algunos de ellos con capos mafiosos de sus regiones.
Altos jefes policiales recordaron que las fuerzas del orden público tienen su propio departamento especializado en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y que tal sección debería contar con mayor presupuesto. La Policía Nacional ya está presente en Pedro Juan; los frecuentes atentados y asesinatos ocurren frente a sus narices y los sicarios narcos pasean tranquilamente por las calles. Una pregunta lógica: ¿si estos policías hasta ahora no hicieron nada contra los traficantes y delincuentes de frontera, por qué cambiarían de conducta aunque en los papeles se les otorgue mayor poder?
Otros claman por una mayor presencia y acción de la justicia para acabar con el narcotráfico. Tenemos poca memoria. ¿Cuántos fiscales y jueces han sido acusados de actuar bajo la órbita de los capos de la zona y de liberar rápidamente a algún mafioso que hubiera caído preso?
Luego están las autoridades regionales, los gobernadores e intendentes. Aquí el panorama tampoco es muy alentador. Sobre todo en el Norte, ya tenemos a varias autoridades locales que fueron imputadas y algunas están en prisión por sus vínculos con el comercio de drogas. Varios jefes departamentales y comunales también miran la Luna cuando el tráfico ilegal circula por sus respectivos territorios.
¿Quién podrá salvarnos? se preguntaba el mítico Chapulín Colorado. El popular actor mexicano ya no está disponible, de modo que somos los ciudadanos quienes debemos enfrentar el grave problema. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién se anima a poner el cascabel al gato?
Sufrimos una septicemia social, una infección generalizada que daña, a través de la corrupción, a las diversas instituciones públicas que deberían garantizar nuestra convivencia en paz y en democracia. Ninguno de los poderes del Estado está exento de complicidad con este flagelo. Únicamente la ciudadanía, la opinión pública, los centros educativos y las organizaciones sociales pueden manifestarse y tirar la primera piedra contra estos traficantes de la muerte. Va a ser difícil, pero es mejor que encomendar al lobo que cuide a las ovejas.
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