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El proyecto pretende defender la libre competencia, pero la iniciativa no tiene validez puesto que no está claramente definida la competencia sobre los bienes y servicios regulados por el Estado, por lo que de aprobarse quedará un vacío burocrático al arbitrio de un consejo de letrados que representarán al Estado.
En caso de una diferencia en la negociación, la iniciativa estipula que un tribunal integrado por letrados elegidos por el Gobierno harán de árbitros en pos de una supuesta solución, por lo que queda abierta la posibilidad de aplicar la conocida cultura de la coima para perjudicar a una de las partes.
Esta legislación busca quitar el poder al dueño del producto, puesto que si este se niega a vender su mercadería a otro, el supuesto afectado tendrá la facultad legal de iniciar una demanda al tribunal mencionado para poder vender el producto inicialmente denegado por el propietario.
Numerosas personas que se dicen empresarios están impulsando la aprobación de esta medida debido a que el negocio de estos es ser clientes del Estado, al ser este el gran empleador y principal actor en la economía nacional; entonces, consideran mejor tener al Gobierno como un árbitro amigo para zanjar obstáculos que se presenten al momento de la negociación.
Pretender implementar una ley a la libre competencia es lo mismo que buscar legislar la libertad de prensa; no existe mejor legislación para estos casos que la ausencia de la misma a modo que estas actividades se realicen sin obstáculos por parte del Estado.
El principal beneficio en la ausencia de una ley de competencia se encuentra en la libre disponibilidad de los actores del mercado para moverse sin obstáculos en pos del logro de toda empresa: ganar dinero. Esta ausencia es necesaria porque es el mismo mercado económico quien encuentra su propia regulación en la oferta y demanda ciudadana.
El Estado garantiza la competencia con las legislaciones vigentes; pretender una ley de competencia nos acercará al actual modelo interventor argentino y nos alejará de la libertad de mercado chileno.
Los estudios indican que Chile está mejor económicamente que Argentina. Basta verificar los modelos para establecer que tan competentes deseamos ser, pues de aprobarse este proyecto de ley de la competencia nos aseguramos lo contrario, la incompetencia que lleva al capitalismo de amigos.
* Vicepresidente primero del Senado