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La abogada Nidia Fátima Giménez denunció la maniobra dolosa de la justicia para apoderarse de un valioso inmueble valuado en unos US$ 4 millones. Validaron un poder falso para favorecer a una de las partes. Funcionarios están interesados en la causa, acusó.
La base de toda la irregularidad se sustenta en un poder especial falso, para asuntos administrativos y judiciales, a través del cual se solicita la nulidad de la transferencia del inmueble que tiene a su favor Carlos Alberto Samudio, cliente de la abogada denunciante.
Se trata de poder especial que supuestamente otorgó el ciudadano austriaco Heinrich Rudiger Furst Starhemberg -propietario original de la propiedad en disputa- a favor de Dionisio Escumbarti Escurra.
Escumbarti es un prestanombre de Oscar González Ibarra. Este último fue quien le vendió a Samudio el inmueble ubicado en el distrito de Carlos Antonio López, Itapúa, por US$ 120.000, el 30 de diciembre de 2005, manifestó Giménez.
El poder irregular
El citado poder especial cuestionado fue firmado el 10 de enero de 2007 a través de la Embajada de Paraguay en España, y está identificada como Acta Nº 1042 y presuntamente tiene la rúbrica del consejero de la embajada Gustavo Gómez Comas.
Sin embargo, Gómez Comas declaró que la firma puesta al pie del acta no le corresponde. Además, en la citada fecha en que fue elaborado el documento ya no prestaba servicio a la legación paraguaya en España, aseguró la letrada.
Desde la Cancillería también informaron que el Acta Nº 1042 corresponde a una tramitación de permiso de menor a nombre de Epifanio González y Miriam Salinas, del 5 de febrero de 2007, y que fue firmado por el entonces consejero Aurelio Benítez Estragó.
Escumbarti logró una medida cautelar en un juicio de "interdicto de recobrar la posesión" del inmueble, por parte del juez Hugolino Bogado Medina, siempre en base al poder apócrifo, señaló Giménez.
Una nueva investigación por producción de documentos no auténticos contra Escumbarti fue abierta por la fiscala Juliana Giménez.
La abogada manifestó que toda la maniobra judicial está orquestada y dirigida por el fiscal adjunto de Ciudad del Este, Éber Ovelar. "Fue él quien posibilitó que la causa se tramite en esta zona del país y no en la capital, como ordena la ley", dijo la abogada, quien denunció las irregularidades a la Corte.
Por su parte, Ovelar negó que tenga interés en la causa y aseguró que hace tres semanas solicitó apartarse del proceso, justamente por una acusación similar de la abogada a un canal de televisión. "Mi única intervención fue resolver una recusación o confirmación de un fiscal", indicó Ovelar, y agregó que el fiscal general fue quien derivó la causa a Ciudad del Este.