Mediante un trabajo interinstitucional el Estado paraguayo logró el rechazo de una demanda entablada por Arrom y Martí ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por supuesto secuestro y tortura de agentes estatales.
Los paraguayos prófugos solicitaron la “simbólica” indemnización de 123 millones de dólares. La Corte IDH resolvió que no existieron elementos para condenar al Estado paraguayo por la violación de DD.HH.
El paso siguiente era la revocación del estatus de refugiados de los prófugos Arrom, Martí y Víctor Colmán en el Brasil, que gozaban desde finales del 2003. El Comité Nacional para los Refugiados (Conare) estudio el pedido del Gobierno paraguayo y resolvió cancelar el refugio el pasado 14 de junio.
La semana pasada, la procuradora general del Brasil, Raquel Dodge, solicitó a la Justicia de su país la prisión preventiva con fines de extradición de Arrom, Martí y Colmán, procesados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, acaecido desde el 16 de noviembre de 2001 hasta el 12 de enero de 2002.
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Dicha información fue confirmada por el procurador general Sergio Coscia, y también por el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán.
Según señalaron, la citada alta autoridad de la nación vecina presentó lo que se puede entender como un urgimiento al Supremo Tribunal Federal brasileño, para alertarle de la importancia del caso y de la necesidad de la aprehensión de los mencionados, ante la posibilidad de que se fuguen.
Cabe recordar que los afectados hasta el momento no apelaron la resolución del Conares. Esa apelación debe ser estudiada en el Ministerio de Justicia del Brasil, cuyo titular es el exjuez Sergio Moro. Mañana 1 de julio vence el plazo.
Las autoridades paraguayas esperan la detención y extradición de los paraguayos prófugos para que vengan al país para someterse al juicio oral por secuestro.