La Cámara de Senadores ratificó ayer, en segunda vuelta, su versión original del proyecto de ley que busca facilitar la comparación del crecimiento patrimonial de un funcionario cuando deja una función pública.

La propuesta ordena a la Contraloría General de la República publicar en su sitio web la declaración jurada de funcionarios y autoridades electas de todas las entidades estatales. El texto vuelve a la Cámara Baja para una nueva revisión.

El senador proyectista Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) señaló que las modificaciones introducidas por Diputados desvirtuaban la intención de la ley, con el aparente objetivo de retrasar el tratamiento o generar una ola de acciones de inconstitucionalidad.

Indicó que Diputados introdujeron en el alcance a empresarios del sector privado que contratan con el Estado, cuando el artículo 104 de la Constitución Nacional no lo contempla.

Agregó que la Cámara Baja también introdujo que solo se harían públicas las declaraciones de bienes cuando haya orden judicial, lo que lo hace inviable.

Los senadores liberales llanistas Fernando Silva Facetti y Juan “Ancho” Ramírez buscaron defender la versión de Diputados sin éxito, argumentando que también existe una gran corrupción en el sector privado. En el mismo sentido, lo hizo el senador cartista Sergio Godoy (ANR).

El efrainista Víctor Ríos (PLRA) y Desirée Masi (PDP) indicaron que aunque les agrada la idea de incluir a los contratistas del Estado, se debe hacer una legislación aparte.

Actualmente la Contraloría se niega a cumplir la ley de Acceso a la Información Pública y rechaza hacer públicas las declaraciones de bienes argumentando que están protegidas por una ley especial.

Fallos a favor de la transparencia en primera instancia fueron apelados por la Contraloría y la Sala Constitucional de la Corte sigue retrasando una resolución definitiva del tema.