La Cámara de Senadores postergó a inicios de este mes, por 60 días -hasta setiembre-, un proyecto de ley de eliminación de la FTC presentado por el senador Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista (PDP).
Varios sectores políticos y organizaciones sociales del departamento San Pedro vienen reclamando la eliminación de la FTC con el argumento de que el grupo operativo viola derechos humanos de la población más vulnerable en la zona de su actuación. Además, se alega que el despliegue de militares para intervenir en conflictos internos es inconstitucional.
Otra argumentación recurrente en el cuestionamiento a la FTC es el millonario gasto que representa a las arcas públicas y sus magros resultados. El presupuesto 2019 de la fuerza militar-policial es de unos 14 millones de dólares. Este dinero en gran parte va a salarios y bonificaciones de los militares.
La Ley N° 5036/2013, por la que se crea la FTC, además otorga al Poder Ejecutivo “discrecionalidad para hacer uso de las Fuerzas Armadas y para que sin autorización alguna por parte del Congreso se atribuya la facultad de interpretar si alguna manifestación, protesta, huelga o reunión constituyen o no una amenaza o acciones violentas contra las autoridades”, según la argumentación del proyecto de ley que plantea la eliminación del grupo operativo militar-policial.
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