En el documento Benítez Aldana señala que no se debería incluir a proveedores del Estado, pues la Constitución es clara al hablar de los funcionarios públicos. Sin embargo, sobre la publicidad de las declaraciones de estos últimos mantuvo una postura gris.
Benítez solo dijo que los países que hacen públicos estos documentos son los que priorizan la transparencia y los que no, apuntan a resguardar la intimidad. Pero dijo que la apreciación sobre cuál derecho debe primar queda en campo del Legislativo.