Benítez Aldana urgió que la máxima instancia judicial corra traslado a la Fiscalía General del Estado a fin de que la misma pueda expedirse sobre la acción de inconstitucionalidad que había planteado su predecesor en el cargo, Enrique García, para no cumplir con dos sentencias que obligaban a publicar las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República.
En el escrito, el contralor señala que el organismo “tiene especial interés en el avance del procedimiento hasta su resolución definitiva”.
Benítez sostiene que la resolución del caso tendrá relevancia en el desarrollo de las actividades institucionales. “La ciudadanía en general se encuentra legítimamente a la expectativa del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en la presente causa de connotación constitucional”, asevera.
Dictamen de fiscala, clave
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Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, deberá definir públicamente si está a favor o en contra de la transparencia.
Cuando una acción de inconstitucionalidad es estudiada por la máxima instancia judicial, esta debe correr traslado también a la Fiscalía General para que este organismo brinde su parecer. Hasta el momento, no se cumplió con el trámite, por lo que Benítez Aldana presentó el urgimiento.
Dice estar a favor
Benítez dijo en reiteradas oportunidades estar a favor de que las declaraciones juradas de bienes sean públicas, pero en vista de que está pendiente el desenlace del amparo en el Poder Judicial, indicó que esperará a que la Corte se expida y luego obrará conforme a esa decisión.
Sin embargo, cuando el Ejecutivo solicitó un dictamen sobre el proyecto de modificación de la ley de Declaraciones Juradas, el contralor no dejó sentada esa posición por escrito y presentó un argumento muy poco claro sobre la cuestión.
Ministras afectadas deberán resolver
La Corte Suprema de Justicia decidió desestimar las recusaciones planteadas contra las ministras Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica en el caso que definirá si las declaraciones juradas de funcionarios estatales son o no públicas. De esta manera, ambas deberán definir si dan a conocer o no documentos que las afectan incluso a ellas.
La recusación había sido planteada por Ezequiel Santagada, abogado del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, debido a que las declaraciones juradas de ambas ministras forman parte del paquete de documentos solicitados.
Gladys Bareiro, que ahora deberá definir si sus declaraciones juradas son o no públicas, es la misma ministra que hace apenas algunas semanas planteó que se analice una acción de inconstitucionalidad para evitar que las sesiones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se transmitan.
La misma Bareiro que accionó contra la transparencia ahora deberá definir un caso considerado clave para el avance del derecho de acceso a la información pública.
Causa parada hace más de un año
El 8 de mayo de 2018 el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano luego de que la CGR ignorara repetidamente las solicitudes de acceso a la información pública que había presentado. El Tribunal de Apelación, primera sala de la capital, ratificó el 7 de junio del año pasado la histórica sentencia.
Mientras decía estar a favor de la transparencia, el excontralor Enrique García presentó el 4 de julio una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para evitar entregar la información pública.
La causa se encuentra parada hace más de un año en la máxima instancia judicial.