Pese a que la fiscala adjunta de Delitos Económicos Soledad Machuca resolvió, hace ya tres semanas, que se abra la pesquisa por supuesta lesión de confianza y apropiación, hasta ahora la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no quitó la resolución de inicio de investigación y por este motivo, no se designa a un agente para indagar.
La denuncia contra Dávalos es por un presunto perjuicio patrimonial de G. 192.187.375.600, entre los años 2014 y 2018.
Asimismo, se habla de la presunta apropiación de bienes por valor de G. 242.946.573, que saltó tras el control del inventario de bienes de uso.
La denuncia penal fue presentada por Antonia López de Vázquez, por la Junta Departamental de Caazapá, y tiene como base una auditoría de gestión administrativa y técnica de la administración, además de informe de la Contraloría General.
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Según la auditoría, durante la administración de Dávalos no se pudieron justificar G. 169.144.131.619, utilizados para “fines ajenos” a la competencia de la gobernación.
Asimismo, apareció la disposición activa y discrecional de G. 3.897.350.106 que equivalen a una diferencia entre los cheques emitidos por la Gobernación de Caazapá y lo obligado según ejecución presupuestaria, cuyos fines son desconocidos puesto que no existen registros contables que justifiquen las erogaciones.
También aparecen G. 1.993.634.128 en concepto de supuestas becas no registradas en la contabilidad de la gobernación, y otros G. 13.086.762.392 provenientes de la diferencia entre la ejecución presupuestaria de los gastos Royalties y la rendición de cuentas realizada ante la Contraloría. Esas ejecuciones no fueron rendidas y los fines son desconocidos. En el rubro Fonacide también aparecen G. 4.065.497.355 sin respaldo documental alguno, según la rendición ante la Contraloría.
Por último, se consigna la supuesta apropiación de bienes de la gobernación por G. 242.946.573 que no aparecen tras el control del inventario.