El programa y el censo a los presos fue desarrollado por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral durante ocho meses. “Apuntamos al voto de las personas procesadas, ese derecho humano y constitucional de las personas que no tienen una condena”, dijo Ríos, quien se jactó que el plan tuvo un costo “cero” cuando pudo haber costado unos US$ 2 millones.
Bestard dijo que la iniciativa vino de Ríos y agregó que la modificación del Código Electoral para permitir el voto a presos sin condenas será impulsada en el Congreso. Recalcó de que un total de 15.178 reclusos, el 77% (11.685) no tiene condena. Solo 3.493 presos (23%) cumplen una sentencia.
El evento se desarrolló en la futura sede del Ministerio de Justicia, el viejo edificio del Registro Civil sobre la calle EE.UU. c/ Rodríguez de Francia. Acompañaron la inauguración Lorena Segovia (ministra de Defensa Pública), Adrián Salas (miembro del Consejo de la Magistratura) y la exdiputada Olga Ferreira (directora de DD.HH. de la Vicepresidencia), entre otros.