Autoridades del Poder Ejecutivo convocaron ayer una rueda de prensa en Palacio de López para dar a conocer una serie de irregularidades en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).
En esta institución se habría firmado contrato con una empresa sin aval de Contrataciones Públicas y, además, se hicieron pagos para el tratamiento de semillas que nunca se realizó.
El jefe de Gabinete Civil, Julio Ullón, informó que se trata de procesos de contratación pública que “ha generado graves sospechas y preliminarmente un perjuicio al erario público y una posible lesión patrimonial a las arcas del Estado”.
El primer caso data del 2012 (Gobierno de Federico Franco, PLRA). Se trata de un convenio de cooperación por G. 18.000 millones firmado en el 2012, entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la empresa Agro Micro Plan SA y el Senave para el tratamiento de semillas. Ullón señaló que el documento no pasó por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
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“Este es un proceso que data del 2012, en donde se recepcionó una denuncia en el portal de Transparencia, y ahora el Senave preparará un informe con respecto a este proceso de contratación, ya que a través de un convenio marco se obvió el proceso licitatorio que regula a la Ley de Contrataciones contratando una empresa privada para la biodegradación de semillas del MAG”, indicó.
El segundo caso (Gobierno de Horacio Cartes, ANR) data del 2014. Se trata de un proceso de Licitación Pública Nacional de Subasta a la Baja Electrónica N° 8/ 2014 de traslado, tratamiento y disposición final de semillas de algodón tratadas con agroquímicos, a la misma firma Agro Micro Plant SA.
“Dicho proceso tiene una serie de irregularidades y desprolijidades en la ejecución de contrato en donde también el Senave va a estar preparando un informe con respecto a este proceso licitatorio, y va a elevar a la Secretaría Nacional Anticorrupción para que sea investigado porque podrían existir hechos punibles en el proceso de ejecución de dicho contrato”, señaló Ullón.
El ministro informó que se habría pagado en forma irregular aproximadamente G. 19.000 millones.
Habría perjuicio al erario público
El ministro Anticorrupción, René Fernández, informó que preliminarmente “se han detectado una serie de irregularidades administrativas” y hechos que podrían tener relevancia penal, por un supuesto perjuicio al erario público.
Sobre este punto, Fernández anunció que se conformó un equipo que recabará los documentos pertinentes y elaborará un informe, cuyo resultado determinará una denuncia penal u otra consecuencia.