Por acordada Nº 865 del 10 de diciembre de 2013, la máxima instancia judicial creó el Consejo de Administración Judicial, CAJ, y le delegó la administración presupuestaria. Cinco de los nueve ministros firmaron el documento y los demás se negaron a avalar dicha creación, atendiendo su dudosa legalidad. Pese a ello, los ministros mantienen y solidifican un estamento que, además de no poseer el basamento jurídico mínimo, duplica injustificadamente toda la estructura administrativa que está fundada en la ley.
La máxima instancia judicial despilfarra G. 4.581 millones al año en el CAJ, en donde hay cuatro consejeros y alrededor de 40 funcionarios, que están distribuidos en la Consejería en Planificación y Control de Gestión Administrativa y Financiera; Consejería en Planificación y Desarrollo, Consejería en Asesoría Jurídica y Consejería en Administración y Finanzas. Está también la Secretaría.
El CAJ está integrado por Roberto Torres, exdirector general de administración y finanzas; Luz Antúnez; Alberto Martínez y Edward Vittone. Los mismos fueron seleccionados en un concurso que habría sido amañado, atendiendo que el mayor puntaje era la entrevista con los ministros.
Según la planilla de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, el sueldo de los consejeros es de G. 20 millones 780.000; más G. 5 millones 500.000 gastos y G. 600.000 de bonificación académica. Ahora ya no figura la bonificación de G. 10 millones 512.000 por responsabilidad en el cargo.
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En el 2016, el Consejo de Administración tenía 17 funcionarios y ahora ya llega a 37. Es decir que cada año se fue agrandando pese a que las funciones del CAJ se duplican con las de las direcciones de Administración y la de Finanzas.
En el presupuesto de 2020, debería suprimirse el programa presupuestario correspondiente al Consejo de Administración. Dicha supresión sería posible conforme a lo establecido en los artículos 10 inciso a) y 13, incisos b) y c) de la ley 1535/99 “De administración Financiera del Estado”.
El dinero anualmente asignado al referido Consejo lesionaría y violaría disposiciones jurídicas y administrativas. Es decir, se estaría incluso ante la posible comisión de hechos punibles como la lesión de confianza, de acuerdo a lo que señalaron fuentes judiciales. Estas indicaron además que la Corte ordenó un estudio de las funciones del Consejo.
La Corte actualmente habla de austeridad, incluso recortó algunos beneficios a los ministros. El caso del CAJ también debería formar parte de este plan.
Aumentos para los funcionarios
La Corte solicitó G. 258.000 millones más para su presupuesto de 2020. De dicho monto, unos G. 162.000 millones serán destinados para beneficio de funcionarios. Unos G. 113 se usaron específicamente para el aumento salarial de los funcionarios judiciales. Casi G. 10.000 millones es para aumentar el pago del seguro médico por cada empleado de G. 600.000 a G. 800.000.
Por otro lado, para la creación de más de 1.000 cargos, se pidió G. 21.000 millones. Se critican los aumentos debido a la alta mora y deficiente servicio.
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