La primera propuesta de las tres presentadas a la Cámara de Diputados dispone la instalación en las penitenciarías del país de un “sistema de videoconferencia” para “el desarrollo de audiencias judiciales de las personas privadas de su libertad, procesadas o condenadas, que sean catalogadas de alta o mediana peligrosidad”. El proyecto establece que el director de cado reclusorio será el responsable de la clasificación de los internos, como de alta o mediana peligrosidad.
Este sistema de videoconferencia ya se viene aplicando en algunos juicios. En estos días la Corte Suprema de Justicia ordenó que se utilice esa tecnología en la Penitenciaría Regional de Concepción para la declaración de dos reclusos acusados de ser dar apoyo logístico al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Los otros dos proyectos presentados son de autoría exclusiva de Acosta. Uno, establece la instalación de cabinas telefónicas públicas en los establecimientos penitenciarios el país, las cuales deberán estar ubicadas en áreas comunes de acceso, que cuenten con el espacio adecuado para su utilización y control.
Agrega que deberá contar con un sistema de vigilancia que garantice la seguridad en el recinto, mediante tecnología apropiada y mecanismos que permitan obtener el reporte de todo lo desarrollado en el lugar. El acceso a estos teléfonos públicos deberá ser gratuito y las conversaciones podrán ser grabadas por una cuestión de seguridad.
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El tercer proyecto de ley propone la aplicación de un “sistema de planificación familiar en todos los establecimientos penitenciarios de mujeres”.
Consistirá en “la prevención de los riesgos para la salud relacionados con embarazos no deseados, reducción de la mortalidad infantil, prevención de la infección por el VIH y el SIDA, a través del acompañamiento de médicos especializados y el tratamiento adecuado”.