La normativa dispone redestinar anualmente como mínimo unos US$ 150.000.000 de los gastos de responsabilidad social y ambiental de las entidades binacionales a la Administración Nacional de Energía (ANDE) y de esa manera subsidiar la tarifa de energía para los usuarios finales.

El Ejecutivo sostiene que una ley no puede determinar montos adicionales no previstos en los tratados y sus anexos, cualquiera sea su cuantía.

Señala además que la implementación efectiva implicaría un gasto millonario para la ANDE.

Por su parte, los defensores de la ley señalan que traerá un enorme beneficio a la ciudadanía y evitará el despilfarro y el uso político partidario de los “fondos sociales” de las entidades binacionales.

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