El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Derlis Maidana (ANR, cartista), indicó que la opción de nacionalidad paraguaya natural para los hijos de padres o madres paraguayas que hayan nacido en el extranjero y la naturalización de los extranjeros que cumplan con los requisitos constitucionales, ya están establecidos en la Carta Magna en los artículos 146 al 154.
Mencionó que los trámites de opción de nacionalidad están regulados por la Ley 582/95, quedando la competencia para cualquier juzgado de primera instancia. Mientras que en los casos de obtención de la carta de naturalización paraguaya para extranjeros tiene competencia la Corte Suprema.
Indicó que el proyecto presentado por la senadora Lilian Samaniego (ANR, excartista) pretende otorgar la competencia de dar las cartas de naturalización a extranjeros a cualquier juzgado de primera instancia. Maidana indicó que tras consultas realizadas a la Corte, creen que estas facultades deben permanecer bajo la competencia de la máxima instancia judicial, teniendo en cuenta que se trata de un acto de naturaleza constitucional.
Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (PPQ), vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, indicó que el tema es muy sensible ya que pasar la facultad de dar la nacionalidad paraguaya a extranjeros con requisitos mínimos a cargo de los jueces de primera instancia es un riesgo demasiado elevado.
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Cuestionó que el proyecto de ley plantee que el juez donde resida la persona es quien va a decidir darle o no la nacionalidad paraguaya, con lo cual un miembro del Hezbolá podría obtener la naturalización.
Comentó que siendo directora de Migraciones, en el gobierno de Federico Franco (PLRA), y en épocas anteriores a la suya en el tema de radicación de los chinos continentales se hacía por delivery. Dijo que ellos no pisaban tierra paraguaya, pero ellos ya estaban radicados y tenían su cédula, y no sé si llegaban a la naturalización.
“Debemos ser celosos de nuestra nacionalidad, pero también así exigir a la Corte que dé señales claras que deniegue o acepte los pedidos y establezca mecanismos de transparencia para evitar rumores”, indicó.