La propuesta de postergar el proyecto de ley de derogación del Acuerdo por Notas Reversales para el Ordenamiento Económico y Financiero de la Entidad Binacional Yacyretá entre nuestro país y la Argentina fue realizada por la senadora Lilian Samaniego (ANR-Indep.), presidenta de la comisión de RR.EE. La misma alegó que habían solicitado informes a la Cancillería sobre la postura institucional de nuestro país con relación a este tema.

Previamente, el senador Sergio Godoy (ANR-HC), presidente de la comisión de Legislación, dijo que más allá del debate sobre si este acuerdo fue un acto de entrega de la soberanía, como argumentan sus impulsores, no es posible derogar un acuerdo internacional, que tiene una categoría de tratado a nivel jurídico, por medio de una ley nacional.

Indicó que hacer eso significaría ir en contra de todo nuestro ordenamiento jurídico, que establece que, en orden de prelación, los acuerdos y pactos internacionales están por encima de las leyes nacionales.

La postura de los impulsores del proyecto, presentado por el senador liberal Víctor Ríos, es que con la firma de acuerdo por parte del entonces presidente Horacio Cartes y su par argentino Mauricio Macri, nuestro país reconoció una deuda espuria de US$ 4.000 millones por la construcción de la represa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Dicha deuda no es reconocida por la oposición y técnicos que afirman que el Paraguay ya pagó sobradamente el costo.

El Frente Guasu realiza una fuerte campaña vía redes para que se apruebe la derogación y ayer sus legisladores exhibieron carteles en sus bancas, a favor de la derogación.

Por su parte, el senador oficialista Juan Carlos Galaverna sostuvo que “si figura en los libros contables de la EBY una deuda de 18.000 millones y se reduce a menos de 4, creo que no es una mala opción”.

A cambio de la supuesta reducción de la deuda, el Paraguay acordó la maquinización del brazo Aña Cua, que la Argentina necesita imperiosamente.