Un informe de Ministerio Público, con datos hasta mayo último, revela que la Ley 1866/02 “por la no violencia en los Estadios” tuvo un nulo cumplimiento. Con esto se infiere la complicidad total de dirigentes deportivos, fiscales y hasta grandes marcas comerciales que avalan a hinchas violentos.
Según el informe (ver el cuadro) en 17 años de vigencia ninguna entidad deportiva fue responsabilizada penalmente por los actos ilícitos de sus aficionados y solo en una ocasión sus hinchas organizados fueron sancionados.
Si bien hubo 284 personas imputadas, 251 obtuvieron medidas alternativas a la prisión. Estos datos no incluyen a los 157 hinchas imputados que dejó la batalla campal del 30 de agosto al término de un encuentro de futsal FIFA, y cuyo saldo fue de un muerto.
Sin embargo, la referida ley obliga a los clubes a tener registrados a sus hinchas y que el artículo N° 12 establece que “Las entidades deportivas serán solidariamente responsables por los actos ilícitos”.
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El artículo 13 habilita a empresas patrocinadoras a rescindir contratos en casos de extrema violencia pero no hay registro de algún caso.
Lejos de cumplirse, las barras bravas están fuertemente institucionalizadas y protegidas por dirigentes deportivos y hasta políticos, según expertos en la materia.
La Policía incluso escolta a estos grupos dentro y fuera de los encuentros deportivos.
Diputados no tratan
En 2017 el exfiscal de la Unidad de Eventos Deportivos, Emilio Fúster presentó un proyecto contra los financistas de barras, pero el texto, presentado por Tadeo Rojas (ANR, cartista), fue cajoneado. La batalla del 30 de agosto produjo la reacción de varios diputados entre ellos Hugo Ramírez (cartista) y el acusado Carlos Portillo (PLRA, efrainista). PPQ evalúa presentar su propio texto. El pleno sigue sin tratar este punto a pedido de dirigentes deportivos.