El 1 de octubre último debía comenzar el juicio contra Fernández Lippmann, pero la fiscala Victoria Acuña pidió la suspensión de la misma porque la perito de la Fiscalía no tenía concluida la pericia contable de los ingresos y egresos de dicho acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Ahora la perito Nathalia Giménez envió su conclusión al presidente del tribunal que tiene que llevar adelante el juzgamiento de la causa. Giménez señaló que tras un análisis de las declaraciones juradas que presentó Fernández Lippmann ante la Contraloría General de la República, encontró una correlación entre los ingresos y egresos.
En su informe la especialista de la Fiscalía señala que el acusado ingresó como funcionario judicial en la Corte Suprema de Justicia y que en el 2009 fue al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Luego la licenciada Giménez refirió que entre las documentaciones obrantes y analizadas se han observado las declaraciones juradas presentadas por Fernández Lippmann entre el periodo 2011 y 2017 y tuvo un total de ingresos de G. 2.087.158.302, y que existe una correlación con sus egresos. La perito presentó cuadros de ingresos y egresos año por año en forma particular del acusado y desde el 2011 también incluyó en su trabajo a la esposa del “partner” Raúl Fernández.
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Una parte del informe pericial señala que entre el periodo 2011 y 2017 se ha hecho una relación de ingresos y egresos por adquisición y venta de bienes de manera individual de Fernández Lippmann y conjunta con su pareja Elsa Dayana Gómez Ayala y que arroja un resultado del 19% de saldo positivo en relación a egresos e ingresos por remuneraciones y venta de rodados, que demostraron que existe correspondencia con los egresos.
En su conclusión la citada experta del Ministerio Público dice que no halló que el acusado Fernández Lippmann tenga ingresos que no pueda demostrar, que todo está claro en sus diferentes declaraciones juradas.
De esta manera la acusación de enriquecimiento ilícito no existe, según la perito, y es el delito por el cual el exsecretario del JEM debe afrontar juicio oral.
El presidente del tribunal de sentencia, Juan Pablo Mendoza, debe fijar una nueva fecha para la realización del juicio, donde la conclusión de este informe será clave.