La Municipalidad de Luque, encabezada por el colorado cartista Carlos Echeverría, debe pagar G. 2.300 millones al Consorcio Tributario, firma a la que entregó en 2017 el cobro de sus impuestos.
Esto como parte de un acuerdo que se dio luego de que el consorcio demandara a la Comuna luqueña por rescindir de forma unilateral el contrato que inicialmente debía durar 15 años.
El Consorcio Tributario está integrado por Relevamientos Catastrales SA y Relcat Paraguay SA, re-
presentada por Diego Cardona, un empresario con oscuros antecedentes y denuncias en Argentina y Guatemala.
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Un contrato inconstitucional
La Comuna luqueña firmó en 2017 el contrato con el Consorcio Tributario, sin hacer caso a las numerosas denuncias del proceso plagado de irregularidades y a la violación de los artículos 169 y 170 de la Constitución y la Ley Orgánica Municipal.
El contrato entregaba el 27% de lo recaudado por año en concepto de impuestos.
Francisca Franco, concejal municipal del PLRA, había denunciado meses atrás que la firma no entregó nunca los informes requeridos y que tampoco consiguieron aumentar la recaudación, a pesar de lo cual seguían cobrando.
En total, el consorcio se llevó unos G. 1.800 millones de los contribuyentes luqueños.
Acuerdo leonino
Como si la inconstitucionalidad del contrato no fuera suficiente, el intendente y los concejales luqueños firmaron un acuerdo que solo afectaba a los contribuyentes de esa ciudad.
Como primer paso irregular, la concesión fue firmada por el intendente; cuando la ley que regula esta figura establece que es la Junta Municipal la que debe firmar este tipo de acuerdos.
A pesar de que en la primera página de la licitación decía que la misma se guiaría por la Ley de Concesiones, en el desglose utilizaron como base legal la Ley de Contrataciones. Otra totalmente diferente.
La empresa originalmente pretendía quedarse con el 30% de la recaudación, pero tras las críticas redujeron tres puntos porcentuales sus pretensiones.
Y, finalmente, pretendían tomar como base única la recaudación del 2016 para el cobro de su porcentaje. Con esto aseguraban definitivamente su porción de dinero, sin siquiera realmente trabajar por el mejoramiento de la recaudación puesto que cada año se registra un crecimiento vegetativo.
Ahora, la firma se embolsillará otros G. 2.300 millones de contribuyentes.
Niega parentesco con intendente
Rocío Pamela Sanabria Estigarribia, funcionaria de la Municipalidad de Luque, aseguró que no tiene parentesco alguno con el intendente de esa ciudad. Fue como respuesta a publicaciones del diario ABC Color de septiembre pasado.
Manifestó además que ingresó a la institución en 2014, antes de la llegada del colorado a la jefatura municipal. Agregó que su remuneración actual es de G. 1.550.447 y no de G. 1.775.375 como figuraba en la publicación de nuestro diario. “La información es errada”, señaló en una carta.