La duración del proceso se dará de acuerdo al marco penal establecido para cada hecho punible. Por ejemplo, un caso de estafa puede extenderse hasta 5 años, porque esa es la pena máxima prevista para el delito. En caso de superarse este plazo ya operará la prescripción.

La jueza Claudia Criscioni, quien representa a la Corte en la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, explicó a nuestro diario que la prescripción corre desde la terminación del hecho punible.

“Por ejemplo, si una persona es secuestrada en octubre del 2005 y es liberada en marzo de 2019, el plazo para la prescripción corre a partir de esto último y se extiende el tiempo de la pena prevista para el hecho”, manifestó la magistrada. Agregó que también se tiene que considerar las interrupciones que se puedan dar en el caso, como un allanamiento, imputación, acusación, etc.

Por otro lado, la Comisión acordó la derogación del artículo 136 del Código Procesal Penal de la duración máxima del procedimiento. Había una propuesta defendida por representantes del Ejecutivo de modificar el referido artículo suprimiendo la suspensión del plazo, con lo cual se castigan las chicanas promovidas.

Si se aprobaba este cambio se iba a beneficiar a los peces gordos, cuyas causas se iban a extinguir a los cuatro años, independientemente a las dilaciones provocadas por los imputados.

La mayoría de los miembros de la Comisión votó por la propuesta de la Corte, para que el plazo de duración del proceso sea según la pena prevista para cada hecho.

Apoyaron la propuesta, la presidente Rocío Vallejo, los representantes del Ministerio Público y la Defensa Pública. Los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Marcos Kohn, quienes defendían la modificación del 136, no estaban al momento de la votación en la Comisión.

Kronawetter afirmó ayer en Palacio de López que no hay ninguna propuesta del Ejecutivo para reducir plazos que favorezca a la impunidad de causas judiciales.

Tras visitar el presidente Mario Abdo Benítez, el abogado afirmó que el Mandatario “es el principal interesado que en este país exista una justicia transparente, independiente”.

Por su parte, el senador oficialista Enrique Bacchetta (ANR, Añetete) si atribuyó la polémica propuesta al Poder Ejecutivo. “La propuesta del Ejecutivo no va a correr. Puede que se ajuste a los cánones internacionales pero no se ajusta a nuestra realidad”, afirmó.

La ministra de la Corte Carolina Llanes también dijo que la propuesta era del Poder Ejecutivo, pero justificó la intención al señalar que se trata de una normativa prevista en un estudio del año 2000 basados en requerimientos del Pacto de San José de Costa Rica. Sin embargo, reconoció que en el sistema local no puede aplicarse y por ello propone “diversificar” los plazos según el grado de complejidad.