El último reporte de la Contraloría General de la República señala que de 255 intendencias en todo el país, 13 se niegan a cumplir la rendición de cuentas del uso del Fonacide y los royaltíes que reciben.

Varios municipios incluso ya no perciben ese fondo por presuntas irregularidades y numerosos jefes municipales también están protegidos por la Cámara de Diputados y por la falta de acción de la Fiscalía (Ver el cuadro).

Sin embargo, la Cámara de Senadores tiene previsto analizar este jueves el proyecto de ley del senador Abel González (PLRA), de la bancada llanista, que modifica la distribución del fondo entre intendentes y gobernadores. Para ello, pretende eliminar la preferencia financiera a los municipios afectados por la represa de Itaipú y priorizar la cantidad de habitantes de cada ciudad.

El proyecto también habilita el fondo para contratar “fiscalizadores de obras”, alquilar transportes escolares y financiar albergues de ancianos, niños y adictos a drogas. Es la quinta vez que este polémico proyecto de ley figura en el orden del día.

El Senado no puede intervenir municipios y la Cámara Baja ha dado protección a intendentes con sospecha de corrupción. Sin embargo, las Juntas Municipales aún denuncian irregularidades y piden intervenciones. Recientemente la Junta de Lambaré aprobó el pedido de intervención a la gestión Armando Gómez (PLRA).