“Los autores de estos hechos vandálicos y atentado contra nuestras integridades físicas, síquicas y sicológicas, personales y familiares, se escudan en turbas pagadas por sectores interesados en trámites judiciales como coacción hacia nosotros en nuestra calidad de magistrados. Lo anotado equivale a que una resolución no le gusta a determinada persona o grupo de personas, los popularmente conocidos como escrachadores, son pagados para molestarnos en nuestra privacidad, la de nuestros familiares y vecinos, perturbando la paz pública, en contra de los postulados de las disposiciones legales que rigen la convivencia social”, dijeron los tres camaristas en su presentación ante el juez, Amílcar Marecos. Este, como medida de urgencia, había prohibido la manifestación cerca del domicilio de los magistrados, así como de sus lugares de trabajo.
La resolución de Marecos también es analizada en el Jurado de Enjuiciamiento, ya que abiertamente violó la Constitución y leyes internacionales que garantizan el derecho de la ciudadanía a manifestarse libremente.