En medio de denuncias de diputados de la oposición, de que los proyectos de expropiaciones y desafectaciones no reúnen los mínimos requisitos exigidos por ley, la Cámara de Diputados ayer sancionó de forma automática el proyecto de ley que desafecta 2.992,77 m² de terreno municipal en San Lorenzo a favor de sus ocupantes.
En el proyecto de desafectación no se detalla la cantidad de familias que serán beneficiadas con la transferencia del dominio municipal a título oneroso. El artículo 3° de la norma señala que la suma obtenida por la venta de los inmuebles será destinada para la adquisición de otro inmueble para espacio verde o plaza.
También tendrá hoy sanción ficta otro pedido de desafectación de terreno municipal, esta vez en Fernando de la Mora, a favor de Facunda Acevedo viuda de Santos. Ambos proyectos de desafectaciones fueron presentados por el diputado Ferrer, hijo del cuestionado exintendente Albino Ferrer, ambos sanlorenzanos.
Tanto los proyectos de desafectaciones como de expropiaciones no cuentan con el rigor que requiere la presentación de este tipo de normativas. La diputada Rocío Vallejo (PPQ) había denunciado que en la Cámara se trataban proyectos que violaban varias disposiciones legales como la Ley N° 5.832/17 que establece requisitos para la presentación de un proyecto de ley de expropiación o desafectación.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Diputados también tiene pendiente de tratamiento el proyecto de ley presentado por el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA), que plantea la expropiación de 1.500 hectáreas a favor de sin techos de San Pedro.
Archivan expropiación en CDE
El domingo quedará archivado por sanción ficta el proyecto de ley por el cual el Ejecutivo objeta totalmente el proyecto de ley que expropia un inmueble ubicado en el barrio Remansito - sector 3 del Municipio de Ciudad del Este, para su transferencia a título oneroso a favor de sus ocupantes.
El proyecto fue presentado por la diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR, cartista). La objeción del Ejecutivo se fundamenta en que el Ministerio de Desarrollo Social informó sobre las inconsistencias del proyecto de ley que planteaba la ocupación de nueve lotes y no de 26 como se comprobó, que se violó la franja de protección del río Paraná y que el proyecto tiene serios errores técnicos.