Evaluarán el “paquete” de reformas electorales

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Sergio Godoy (ANR-HC), presidente de la comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Senadores.
Sergio Godoy (ANR-HC), presidente de la comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Senadores.Archivo, ABC Color

Hoy, a las 11:30, habrá una reunión conjunta de las comisiones de Legislación. que preside Sergio Godoy (ANR-HC), y de Asuntos Constitucionales, presidida por Juan Darío Monges (ANR-HC), en el Senado, para tratar el paquete de proyectos de modificación del Código Electoral.

Entre los proyectos se encuentra el presentado por Patria Querida y Hagamos, que plantea reformular el método para elegir a los miembros de cada mesa de votación, priorizando a ciudadanos independientes, por un sistema de sorteo y relegando a los operadores políticos.

Así también, se plantea aplicar el sistema de identificación biométrica (huella dactilar u otro) de los electores, con aparatos especiales, en cada local de votación.

En la ANR se propone legislar para habilitar el voto de las personas detenidas o privadas de libertad que no tengan condena firme. Según el Ministerio de Justicia, se habla de 11.000 presos sin sentencia en todo el país.

Por su parte, el Frente Guasu propone implementar la gratuidad del servicio de transporte público de pasajeros el día de elecciones, para no depender de la estructura logística de partidos tradicionales.

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El bloque de izquierda también plantea reducir el subsidio electoral y el aporte estatal que reciben los partidos políticos.

Se plantea, igualmente, por parte de la bancada del Frente Guasu prohibir la propaganda política de financiamiento privado.

Por su parte, la bancada del PDP plantea prohibir que funcionarios de Itaipú y Yacyretá que lleguen a cargos electivos sigan cobrando impunemente un doble sueldo, tal como la Justicia Electoral actualmente permite.

Los senadores liberales Enrique Salyn Buzarquis, Amado Florentín y Carlos Gómez Zelada, por su parte, presentaron un proyecto que castiga a las personas que no cumplan la obligación constitucional del voto, con multas de G. 405.000, y también estableciendo la imposibilidad de hacer diversos trámites administrativos.